● Ante la presencia de fenómenos climáticos, el Cenepred ha identificado distritos en riesgo y expuestos a un alto nivel de inundaciones en la región Junín.
Ante el impacto que ocasionan los fenómenos climáticos, uno de los sectores más vulnerables es el educativo. En particular, el departamento de Junín se encuentra entre las 10 regiones a nivel nacional con el mayor número de locales educativos públicos que requiere ser sustituido: 1,928 instituciones (más del 55% del total regional) según información del Ministerio de Educación (Minedu).
“Distintos estudios han demostrado que existe relación entre la infraestructura educativa y el desempeño académico de los estudiantes. De hecho, implica un beneficio para toda la comunidad educativa. Recordemos que, contar con una adecuada infraestructura implica tener acceso a servicios básicos (agua, desagüe y energía eléctrica) así como instalaciones adecuadas para brindar la enseñanza”, informó Dittmer Quispe, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Para el periodo de lluvias de noviembre 2023-enero 2024, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha identificado que 36 distritos en Junín –entre ellos Chanchamayo, Satipo, Tarma, Morococha y Mariscal Castilla– están expuestos a un nivel de riesgo alto a inundaciones. Esta situación podría ocasionar perjuicios a más de 32,000 alumnos. Así también, para el mismo periodo, un total de 81 distritos de la región se encuentran expuestos a riesgo alto y muy alto a movimientos en masa (deslizamientos de tierra, huaycos, etc.). En este caso, el perjuicio alcanzaría a más de 33,000 alumnos.
“Considerando esta brecha en infraestructura, además del impacto ocasionado por el factor climático, la repercusión en los resultados educativos es preocupante. Acceder a un servicio educativo de calidad no solo impacta en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, sino también que, en el largo plazo, repercute en su productividad y el acceso a más y mejores oportunidades”, comentó Quispe.
La evidencia muestra que, al 2022, la Contraloría había detectado que las principales deficiencias en la infraestructura educativa de la región Junín eran la falta de elementos para la prevención de desastres (como señalización de zonas seguras), carencia en servicios básicos, falencias en infraestructura (mal estado de puertas, ventanas, paredes, pisos, losas deportivas, entre otras) y carencia de profesores y materiales de enseñanza.
Así como estas falencias en construcción, existen otras relacionadas a la provisión de servicios. En la región Junín, solo el 28% de los locales educativos públicos contaban con los tres servicios básicos (agua, luz y desagüe) en el 2022, según la plataforma de Estadística de la Calidad Educativa (Escale).
“Con estas cifras resulta fundamental atender esta problemática, partiendo de la identificación de aquellos colegios que se encuentran en situación vulnerable no solo por el impacto del factor climático en el corto plazo, sino también por la repercusión positiva que tendrá garantizar la inversión en infraestructura pública educativa de calidad que permita cuidar nuestro elemento más importante, que es el capital humano”, enfatizó Quispe.
