Lima se convirtió en el epicentro del debate sobre la maternidad subrogada, una práctica en expansión que preocupa por sus implicancias económicas y sociales. Según Global Market Insights, este mercado generó US$ 27,9 mil millones en 2025 y alcanzará los US$ 129 mil millones al 2032. Expertos advierten que, en América Latina, la falta de regulación convierte la subrogación en un negocio lucrativo que vulnera los derechos de mujeres y niños.
La maternidad subrogada, conocida comúnmente como “vientres de alquiler”, ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una industria global en expansión. De acuerdo con la consultora Global Market Insights, este mercado generó US$ 27,9 mil millones en 2025 y alcanzará los US$ 129 mil millones al 2032, impulsado por el aumento de la infertilidad, la normalización social de esta práctica y la proliferación de agencias privadas sin fiscalización.
A pesar de su crecimiento, el avance del negocio de la subrogación viene acompañado de serios cuestionamientos éticos, legales y sociales. En la práctica, ha abierto la puerta a situaciones que rozan el tráfico de personas, especialmente en regiones con baja regulación y altos índices de pobreza, como América Latina. “Esta industria se instala donde hay necesidad económica y poblaciones vulnerables. América Latina corre el riesgo de convertirse en la nueva frontera de la explotación reproductiva”, advirtió el Dr. Gonzalo Gálvez, abogado en Filosofía del Derecho, especialista en Bioética Jurídica y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP).
La cara oculta de la subrogación
Detrás de cada vientre alquilado hay una historia silenciada: la de mujeres que, por necesidad, prestan su cuerpo a contratos impersonales y niños que nacen en un contexto donde el amor materno es reemplazado por cláusulas legales. La subrogación, presentada muchas veces como un acto altruista o una solución moderna a la infertilidad, encierra una realidad más compleja y dolorosa.
La creciente industria de los vientres de alquiler ha ido normalizando una práctica que desconecta emocionalmente a madres gestantes y bebés desde el primer momento. Mientras el mercado global celebra cifras millonarias, se invisibiliza el impacto emocional de separar un recién nacido de la mujer que lo llevó en su vientre durante nueve meses. Pero el problema no termina ahí: redes clandestinas, con intereses comerciales internacionales, han comenzado a utilizar la subrogación como fachada para prácticas que se acercan peligrosamente al tráfico de personas, en especial en regiones con alta desigualdad y escasa regulación legal.
Ante este preocupante contexto, los días 4 y 5 de junio se realizó en Lima la III Conferencia de Casablanca por la Abolición Universal de la Maternidad Subrogada, un encuentro internacional que, por primera vez en América Latina, reunió a expertos de ocho países, incluidos España, Francia, Colombia, Uruguay, México y Perú, para analizar los impactos de esta industria desde una mirada multidisciplinaria: jurídica, médica, antropológica, psicológica y comunicacional.
Una mirada desde adentro
Entre los participantes del congreso destacó Olivia Maurel, activista francesa nacida por subrogación en Estados Unidos. Su historia no solo expone el lado humano de esta práctica, sino también las secuelas emocionales de haber sido concebida mediante un contrato. Olivia, separada de su madre gestante desde el nacimiento, denuncia hoy cómo la subrogación niega a los niños su derecho a conocer su origen y reduce su existencia a un acuerdo comercial. Su testimonio se ha convertido en una de las voces más contundentes en el movimiento internacional por la abolición de esta práctica.
“En América Latina, la ausencia de una prohibición expresa no solo facilita un mercado en expansión basado en la explotación reproductiva, sino que deja al niño en una situación de indefensión jurídica. No podemos permitir que el deseo de ser padres se imponga sobre el principio del interés superior del niño, ni que el cuerpo de la mujer se convierta en instrumento de una industria sin rostro ni ley”, sostuvo Gálvez.