El Gobierno promulgó una norma que busca frenar las extorsiones al gremio de transportistas mediante programas de capacitación, apoyo psicológico y control financiero sobre las cuentas donde se realizan los depósitos de los llamados “cupos”.
En un esfuerzo por combatir la extorsión y la inseguridad que afectan al sector transporte, el Ejecutivo oficializó la Ley de Protección y Seguridad para los Transportistas, que establece una serie de medidas integrales para prevenir el cobro ilegal de “cupos” y mejorar las condiciones laborales de los conductores en todo el país.
La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, dispone la creación de un sistema de monitoreo financiero que permitirá rastrear las cuentas donde se realizan los depósitos exigidos por mafias del transporte. Además, los bancos deberán reportar movimientos sospechosos vinculados a pagos extorsivos y colaborar con las autoridades en las investigaciones.
De igual modo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementará programas de capacitación obligatoria para transportistas, orientados en seguridad personal, prevención del delito, educación vial y gestión emocional frente a situaciones de riesgo.
“Esta ley marca un antes y un después en la protección de quienes mueven la economía del país. No solo buscamos castigar el delito, sino también prevenirlo, fortaleciendo las capacidades y la seguridad de nuestros conductores”, señaló un vocero del MTC.
La norma también incluye la creación de un registro nacional de denuncias por extorsión en el transporte, que permitirá identificar las zonas más afectadas y coordinar intervenciones conjuntas con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
De esta manera, el Gobierno busca garantizar que los transportistas trabajen sin amenazas ni pagos ilegales, ofreciendo mecanismos de protección, apoyo psicológico y seguimiento a las denuncias.
La ley entra en vigor tras una serie de protestas y paros convocados por gremios del transporte urbano y de carga, quienes exigían al Estado acciones concretas ante el aumento de extorsiones y asesinatos en diversas regiones del país.
