El Ministerio Público archivó la investigación por presunta falsedad genérica contra Dina Boluarte al concluir que las firmas observadas sí correspondían a la entonces mandataria y que no existía impedimento médico para ejercer funciones tras su cirugía en 2023.
El Ministerio Público archivó la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica relacionado con la firma de decretos entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica.
A través de un comunicado difundido por el estudio del abogado Juan Carlos Portugal, se informó que las pericias concluyeron que todas las firmas cuestionadas sí correspondían al “puño y letra” de la mandataria.
Además, la Fiscalía determinó que no existió ninguna prescripción médica o mandato que le impidiera realizar actos funcionales durante el periodo postoperatorio.
Evidencias respaldaron participación de Boluarte
Según el pronunciamiento, la investigación recopiló evidencia documental y testimonial que acreditó la participación de Dina Boluarte en decisiones del Estado durante los días comprendidos en la imputación.
El caso tomó relevancia luego de las declaraciones brindadas en abril de 2025 por el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Otárola afirmó que Boluarte nunca informó oficialmente al gabinete ministerial sobre la cirugía a la que se sometió en julio de 2023 y sostuvo que omitió comunicar un eventual impedimento temporal para ejercer funciones.
Otárola cuestionó falta de comunicación
Durante su testimonio, el exjefe del gabinete indicó que entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023 no sostuvo reuniones presenciales con la mandataria y que únicamente mantuvieron breves comunicaciones telefónicas.
Según relató, Dina Boluarte justificó su ausencia alegando un fuerte cuadro gripal, sin mencionar una intervención quirúrgica. También señaló que el 5 de julio participó en un Consejo de Ministros sin activar su cámara, lo que impidió verificar su estado físico.
Otárola agregó que la mandataria reapareció públicamente el 10 de julio en una actividad oficial junto al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y posteriormente volvió a asistir presencialmente a sesiones del gabinete.
Caso generó debate político
La investigación fiscal generó cuestionamientos políticos y constitucionales sobre la continuidad del ejercicio presidencial durante procedimientos médicos y sobre la obligación de informar posibles impedimentos temporales en el ejercicio del cargo.
