El Ministerio de Defensa anunció que los militares tendrán una participación operativa en la seguridad externa de los penales, con drones, escáneres, detectores de metales y sistemas para bloquear señales de celulares.
Las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios del país como parte de una nueva estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad frente al avance del crimen organizado, anunció el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.
El titular del sector sostuvo que la participación militar no será únicamente de apoyo a la Policía Nacional, sino que contemplará funciones concretas de vigilancia y control en los alrededores y accesos de los centros penitenciarios. La medida busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y reforzar la seguridad en instalaciones consideradas estratégicas.
Entre las herramientas previstas se encuentran equipos de escaneo, detectores de metales y drones para fortalecer la supervisión de las instalaciones. También se implementarán sistemas destinados a bloquear las señales de telefonía celular provenientes de los penales, una medida orientada a dificultar que organizaciones criminales coordinen actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.
Belaúnde explicó que los efectivos militares también tendrán participación en el control del ingreso a los establecimientos, incluido el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La propuesta forma parte de un conjunto de acciones que el Ejecutivo prepara para enfrentar la inseguridad ciudadana.
El anuncio se produce en un contexto de preocupación por la capacidad del sistema penitenciario para controlar las comunicaciones y el ingreso de bienes prohibidos. Documentos oficiales ya han identificado la necesidad de fortalecer el equipamiento tecnológico para la revisión de personas, paquetes y vehículos, así como los sistemas de inhibición de radiofrecuencia.
Finalmente, la estrategia también contempla cambios normativos. El ministro adelantó que el Gobierno solicitará facultades legislativas para modificar las reglas relacionadas con la actuación frente a grupos criminales y agilizar procedimientos contra extranjeros indocumentados vinculados con actividades ilícitas.
