El 52 % de las microempresas identifica la inseguridad, la delincuencia y la extorsión como su mayor obstáculo para desarrollar sus negocios, según un estudio de Ipsos para ComexPerú.
La delincuencia, la extorsión y la inseguridad ciudadana se han convertido en la principal barrera para el desarrollo de las microempresas en el Perú. Según un estudio elaborado por Ipsos para ComexPerú, el 52 % de estos pequeños negocios identifica estos problemas como uno de los principales factores que afectan su actividad.
El resultado refleja el impacto que tiene la inseguridad sobre negocios que, en muchos casos, funcionan directamente de cara al público. Restaurantes, bodegas y peluquerías se encuentran entre los establecimientos que enfrentan costos adicionales asociados a la inseguridad y la extorsión.
Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú, explicó que las características de las microempresas hacen que este problema tenga una incidencia especialmente fuerte. La inseguridad no solo representa un riesgo para propietarios y trabajadores, sino que también puede elevar los costos de operación y afectar la continuidad de los negocios.
La problemática también alcanza a las empresas de mayor tamaño. En las pequeñas y medianas empresas, el 53 % señala a la delincuencia, la extorsión y la inseguridad ciudadana como uno de sus principales problemas. En las grandes empresas, esta preocupación llega al 66 %, convirtiéndose en su segunda mayor dificultad, solo detrás del exceso de fiscalizaciones y el enfoque sancionador de las entidades, mencionado por el 67 %.
La inseguridad también amenaza la formalización
El estudio de Ipsos para ComexPerú muestra además que la inseguridad se suma a otras dificultades que enfrentan las empresas para avanzar hacia la formalización. El empleo formal privado representa apenas el 10 % en las microempresas, frente al 55 % en las pequeñas y medianas empresas y el 81 % en las grandes compañías.
A ello se agregan problemas como el exceso de trámites y la burocracia estatal, la corrupción de funcionarios, la alta carga tributaria y la competencia desleal de empresas informales.
El informe también revela que tres de cada cuatro empresas consideran que reciben menos del Estado de lo que aportan. Esta percepción aumenta conforme crece el tamaño de las compañías y llega a nueve de cada diez entre las grandes empresas.
Las fiscalizaciones municipales representan, asimismo, una preocupación importante para las microempresas: el 73 % considera problemáticas estas inspecciones. En las pymes, el mayor impacto proviene de las fiscalizaciones de la Sunat, mientras que en las grandes empresas Sunat, municipalidades y Sunafil presentan niveles similares de impacto.
Frente a este escenario, representantes del sector empresarial y legislativo plantean que las políticas de promoción de la formalidad deben considerar también el impacto de la inseguridad y la extorsión. El desafío pasa por generar condiciones que permitan a los pequeños negocios operar con mayor seguridad y acceder a mecanismos que faciliten su crecimiento y permanencia en el mercado.
