El Congreso busca dar un respiro fiscal a los pequeños negocios que recién empiezan. La exoneración del IR por seis meses apunta a impulsar la formalización desde el inicio. El dictamen aprobado plantea beneficios tributarios para nuevas mypes, pero su implementación podría generar desafíos para la Sunat.
El Congreso avanza con una propuesta que busca dar un alivio tributario a los pequeños negocios que recién empiezan. El dictamen aprobado en la Comisión de Economía contempla tres beneficios concretos para las micro y pequeñas empresas (mypes) que inicien operaciones: una exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por los primeros seis meses desde su formalización, la posibilidad de fraccionar este tributo en 12 cuotas durante los dos primeros años, y la eliminación del pago de tasas registrales y otros trámites administrativos.
Para Eduardo Rojas Saldaña, socio del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados (BVU), se trata de una iniciativa positiva. Afirma que impulsar a los emprendimientos y pequeños empresarios es una buena señal, y encuentra similitudes entre este nuevo esquema y los beneficios que en su momento otorgó el régimen agrario: reducción de impuestos, alivios en cargas sociales y un enfoque sectorial que logró resultados. “Si uno analiza los beneficios que tienen estos proyectos, son muy similares”, comenta.
A su juicio, el dictamen aprobado recoge lo más rescatable de los proyectos de ley que lo integran, en particular de la propuesta presentada en 2023, que ya planteaba una exoneración acotada a seis meses y un esquema razonable de pagos fraccionados.
Rojas también responde a una de las principales críticas surgidas en el debate público: cómo determinar si un negocio es realmente nuevo. Considera que el proyecto ya resuelve ese punto, al establecer como referencia la fecha de formalización, una variable que Sunat puede verificar con facilidad.
¿Riesgo de evasión o impacto fiscal?
Respecto a las preocupaciones sobre evasión o elusión tributaria, el tributarista aclara que no es válido atribuir esos riesgos a esta ley. Explica que esas prácticas ya están reguladas por la ley penal tributaria y el Código Tributario, y suelen estar asociadas a estructuras sofisticadas que difícilmente aplicarían al caso de pequeños emprendedores.
En cuanto al impacto fiscal, Rojas recuerda que otras exoneraciones vigentes —como la del sector agroexportador— también han generado presión fiscal, sin que eso haya impedido su aplicación ni desvirtuado sus efectos positivos. En su opinión, la medida permitiría a los pequeños negocios “tener un primer respiro” para consolidarse.
No obstante, advierte que su éxito dependerá de una implementación adecuada y de mecanismos de control claros. También subraya la necesidad de compatibilizar esta nueva norma con el marco tributario actual: “Tenemos hasta tres o cuatro regímenes pensados para pequeños negocios que se van a tener que conciliar con esta norma”.
