Corretaje inmobiliario en Chile: gremio respalda proyecto que exigirá licencia para ejercer

La iniciativa, actualmente en primer trámite constitucional, busca establecer requisitos mínimos para los corredores de propiedades y entregar mayores garantías a quienes compran, venden o arriendan inmuebles.

La regulación del corretaje inmobiliario volvió al debate público en Chile tras la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un sistema de licencias para quienes ejercen esta actividad. La propuesta recibió el respaldo de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP), que considera necesario avanzar hacia una mayor profesionalización del sector.

La iniciativa fue analizada durante el evento IRE 2026, realizado el 23 de julio en el Teatro Zoco de Lo Barnechea, en un panel que contó con la participación del senador Matías Walker, impulsor del proyecto, y el abogado y exdiputado Gonzalo Fuenzalida.

El proyecto, ingresado al Senado en mayo y actualmente en primer trámite constitucional, contempla requisitos como ser mayor de edad, acreditar identidad y domicilio, no registrar antecedentes penales por delitos graves y aprobar un curso de formación impartido por una institución de educación superior.

Además, establece que las plataformas digitales que publiquen avisos inmobiliarios deberán identificar el número de licencia del corredor responsable.

Soledad Gaete, presidenta de ACOP, sostuvo que la regulación no busca generar barreras de entrada, sino establecer estándares mínimos para brindar mayor seguridad a los consumidores y reconocer a quienes desarrollan la actividad de manera profesional.

El gremio recordó que Chile no cuenta actualmente con una normativa específica para el corretaje de propiedades. Según una encuesta realizada entre sus asociados, el 96% manifestó estar a favor de establecer una regulación formal.

Finalmente, ACOP también citó un análisis de reclamos ingresados al Sernac durante 2025, según el cual cerca del 80% terminó sin respuesta del proveedor o sin una solución favorable para el consumidor. Los principales problemas estarían relacionados con contratos, cobros y dificultades para poner término a acuerdos.

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