Comisión de Fiscalización no probó la existencia de una red de trata, pero sí detectó un festín de contratos y permisos irregulares, en especial para mujeres jóvenes vinculadas a altos funcionarios.
El Congreso no fue escenario de una red de prostitución, pero sí de un festín de contrataciones irregulares bajo lógicas de poder sexista. Así lo concluyó el informe final de la Comisión de Fiscalización, tras semanas de investigaciones motivadas por el asesinato de Andrea Vidal y su presunta conexión con Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
Aunque el informe descarta —por ahora— la existencia de una red de trata, sí sugiere que podrían haberse cometido delitos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución, siempre que el Ministerio Público utilice sus facultades para levantar secretos bancarios y telefónicos.
«De lo indagado a la fecha, no se ha evidenciado la existencia de una ‘Red de prostitución en el Congreso’, sin embargo, se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista», sostiene el documento, invocando el artículo 381 del Código Penal.
Contrataciones con nombre propio
El informe lanza nombres: Andrea Vidal Gómez, Alexandra Gil Ramírez e Isabel Cajo Salvador fueron contratadas de forma cuestionable. Sus ingresos, según la comisión, podrían implicar responsabilidad penal para Jorge Torres Saravia y otros funcionarios. El delito en cuestión es el de nombramiento o designación ilegal de cargo público.
La investigación también alerta sobre un patrón reiterado de nombramientos de personas que no cumplían requisitos mínimos, lo cual vulnera principios básicos del servicio público.
Alianza para el Progreso en la mira
El documento también señala una «captura política» de la estructura administrativa del Congreso por parte de Alianza para el Progreso. Esta red de influencias se habría consolidado bajo las gestiones de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, con designaciones clave de personas afines, incluyendo a la hija política de César Acuña, cuya contratación sigue bajo investigación administrativa.
El caso más grave sigue siendo el de Torres Saravia, acusado de usar su cargo para favorecer a mujeres jóvenes con las que mantenía “relaciones de cercanía personal o social”.
Más personal, menos control
Otro hallazgo alarmante es el crecimiento desproporcionado de personal en el Parlamento. La Comisión advierte que este aumento se produjo con escasa o nula fiscalización, lo que habría permitido la creación de una red informal de poder para direccionar plazas laborales.
Como medida urgente, el informe recomienda al Ministerio Público y a la Contraloría intervenir para iniciar investigaciones penales y administrativas. Porque aunque no hubo red de prostitución confirmada, lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una estructura paralela que convierte al Congreso en agencia de empleos por favores y conveniencias.
