Un informe presentado por el Gobierno revela que millones de ciudadanos siguen expuestos al consumo de agua que no recibe tratamiento seguro, una situación que representa un grave riesgo para la salud pública y evidencia las brechas en el acceso a servicios básicos en el país.
Más de 21,3 millones de peruanos consumen agua que no cuenta con un tratamiento adecuado, según información difundida por entidades del Estado. La cifra pone en evidencia una problemática que afecta a gran parte de la población y que continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de saneamiento y salud pública.
El acceso al agua segura sigue siendo desigual en el país, especialmente en zonas rurales y comunidades alejadas, donde la infraestructura para el tratamiento y distribución del recurso es limitada. Aunque el Perú posee importantes reservas hídricas, millones de personas aún enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.
Especialistas advierten que el consumo de agua sin tratamiento incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones y otros problemas de salud, afectando principalmente a niños y poblaciones vulnerables. Además, la falta de acceso a servicios de saneamiento agrava las condiciones sanitarias en diversas regiones del país.
La situación también refleja las brechas históricas en infraestructura hídrica. Datos oficiales señalan que millones de peruanos todavía carecen de acceso a agua potable dentro de sus viviendas, una realidad que se acentúa fuera de las principales ciudades.
Frente a este panorama, las autoridades han reiterado la necesidad de acelerar las inversiones en proyectos de agua y saneamiento, así como fortalecer los mecanismos de control de calidad del recurso hídrico para garantizar un suministro seguro a toda la población.
La problemática cobra especial relevancia en un contexto marcado por los efectos del cambio climático, la contaminación de fuentes de agua y el crecimiento poblacional, factores que incrementan la presión sobre los recursos hídricos del país y obligan a replantear las estrategias de gestión y conservación del agua.
