La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú cuestiona su elección como presidenta y advierte acciones legales por presuntas irregularidades en el proceso.
La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap) anunció que presentará una denuncia penal contra Delia Espinoza, tras cuestionar la legalidad de su reciente designación como presidenta del gremio.
A través de un pronunciamiento, la institución —que agrupa a cerca de veinte colegios de abogados a nivel nacional— rechazó lo que calificó como acciones de “paralelismo y divisionismo” impulsadas por un grupo reducido de decanos.
“Judecap, institución representativa de la abogacía nacional, rechaza categóricamente las acciones de paralelismo y divisionismo impulsadas por cinco decanos que pretenden irrogarse ilegalmente la representación de nuestra institución. Desde aquí anunciamos el inicio de las acciones legales contra los responsables”, indicaron.
Cuestionan elección de Espinoza
El conflicto se originó luego de que, el último fin de semana, un grupo de cinco decanos se reuniera en Miraflores junto a Espinoza y difundiera su supuesta elección como presidenta de la Junta de Decanos.
Sin embargo, durante dicha reunión, el decano de Lima Norte, José Sausa, advirtió que el proceso carecía de validez legal debido a la baja participación.
“Yo no veo más de seis decanos en esta sesión. Nuestro presidente de Judecap es el doctor Vicente Espinoza Santillana. Esta elección es írrita e ilegal. Nosotros somos más de 20 decanos, y ustedes están cometiendo una ilegalidad”, sostuvo.
De acuerdo con su testimonio, no se le permitió continuar con su intervención, situación que habría quedado registrada en video.
Anuncian acciones legales
Pese a las advertencias, el grupo de decanos continuó con la votación y proclamó a Delia Espinoza como presidenta, decisión que ahora es materia de controversia dentro del gremio.
Judecap sostiene que la elección no cumple con los requisitos de representatividad ni legalidad, por lo que procederá con acciones legales, incluyendo una denuncia penal por presunta falsedad.
El caso abre un nuevo frente de conflicto dentro de la representación de los colegios de abogados del país, en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas por un grupo reducido de autoridades gremiales.
