El proceso judicial forma parte de la ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas. Las condenas alcanzan hasta 85 años de prisión y forman parte de un macrojuicio que involucra a cerca de 500 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.
La justicia de El Salvador condenó a 254 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a penas de hasta 85 años de prisión, en uno de los mayores juicios masivos realizados contra estructuras criminales en la historia reciente del país.
Las sentencias fueron emitidas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador como parte de un macroproceso judicial que involucra a cerca de 500 presuntos pandilleros acusados de integrar una de las organizaciones criminales más violentas de Centroamérica.
Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados pertenecían a la estructura denominada «Park View Locos Salvatruchos», que operaba en gran parte del departamento de Cabañas entre 2013 y 2022. Las autoridades les atribuyen delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y otros crímenes relacionados con la actividad de la pandilla.
Entre los sentenciados figura Eugenio Morales, conocido como «Little Pesadilla», identificado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la organización criminal, quien recibió una condena de 85 años de cárcel.
Parte de la estrategia de Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido este tipo de procesos judiciales masivos y llegó a compararlos con los Juicios de Núremberg, argumentando que buscan establecer responsabilidades dentro de estructuras criminales que operaron durante años en el país.
El juicio forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por Bukele bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, medida que ha permitido la captura de más de 90.000 personas presuntamente vinculadas a pandillas.
Cuestionamientos de organismos de derechos humanos
No obstante, diversas organizaciones internacionales han expresado preocupación por el desarrollo de los juicios masivos. Entidades defensoras de derechos humanos sostienen que estos procesos podrían dificultar la individualización de responsabilidades y aumentar el riesgo de condenas injustas.
Pese a las críticas, el gobierno salvadoreño sostiene que las medidas han contribuido a reducir drásticamente la violencia y la actividad de las pandillas en el país.
