Un reportaje periodístico reveló que el Congreso de la República desembolsó S/ 906 millones en remuneraciones y contratación de personal, además de otorgar bonos y asignaciones que incrementan significativamente los ingresos de sus trabajadores.
El Congreso de la República habría destinado más de S/ 906 millones al pago de planillas y contratación de personal activo, según reveló un reportaje del programa Punto Final. La investigación también expone que los trabajadores del Parlamento reciben diversos bonos y beneficios económicos que elevan considerablemente sus remuneraciones.
De acuerdo con el informe, durante la gestión de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso se firmó un convenio colectivo con el sindicato de trabajadores parlamentarios, mediante el cual se ampliaron los beneficios laborales ya existentes.
Cada congresista cuenta con la facultad de contratar hasta siete trabajadores de confianza. Los sueldos base van desde S/ 2 988 para asistentes, auxiliares y coordinadores, hasta S/ 10 924 para el cargo de asesor principal. Sin embargo, estos montos aumentan debido a la incorporación de bonos distribuidos de manera mensual.
El reportaje señala que los trabajadores reciben un beneficio equivalente a tres UIT por cada legislatura, lo que representa S/ 33 000 al año. Este monto fue fraccionado en pagos mensuales de aproximadamente S/ 2 800, incrementando los ingresos de los asesores y demás trabajadores del Parlamento.
Asimismo, la investigación indica que el personal también percibe un bono de alimentación de S/ 100 diarios, equivalente a unos S/ 2 100 mensuales por concepto de gastos operativos. Boletas de pago obtenidas por el programa respaldarían estos desembolsos.
Según Punto Final, el presupuesto destinado a la contratación y pago de personal en el Congreso prácticamente se duplicó en los últimos cinco años, pasando de S/ 402 millones en 2021 a S/ 906 millones en 2025. Por su parte, el jefe del sindicato de trabajadores del Parlamento, Tulio Vizcarra, defendió estos beneficios y sostuvo que también deberían revisarse las remuneraciones que reciben empleados de otras entidades públicas.
