El gremio de transportistas aseguró que las tarifas del transporte público no disminuirán durante junio, ya que los costos asociados a la extorsión y la inseguridad continúan afectando la operación de las empresas del sector, pese a los subsidios aprobados por el Gobierno.
Las tarifas del transporte público en Lima y Callao no registrarán una reducción durante este mes, a pesar de la reciente aprobación de subsidios estatales destinados a mitigar el impacto del incremento de los combustibles en el sector.
Así lo informó la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, cuyo presidente, Héctor Vargas, señaló que los costos que actualmente enfrentan las empresas van más allá del precio del combustible y están relacionados principalmente con la inseguridad y las extorsiones que afectan a numerosas compañías de transporte.
Según explicó el dirigente, el aumento aplicado en algunos pasajes durante los últimos meses no respondió únicamente al encarecimiento del diésel, sino también a otros gastos operativos que continúan incrementándose. En ese sentido, descartó que el subsidio aprobado por el Ejecutivo tenga un efecto inmediato en las tarifas que pagan los usuarios.
El pronunciamiento se produce luego de que el Gobierno oficializara un subsidio extraordinario superior a los S/44 millones para operadores de transporte urbano de Lima y Callao, mediante el denominado Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), administrado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
La medida busca compensar parcialmente el incremento de los costos operativos derivados del alza de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios. El beneficio será entregado a empresas formales que cumplan requisitos específicos, incluyendo autorización vigente, uso de GPS y documentación actualizada de sus unidades.
Sin embargo, los representantes del sector sostienen que la problemática de la inseguridad continúa impactando directamente en la estructura de costos del transporte urbano. Según indicaron, las extorsiones y amenazas han obligado a algunas empresas a modificar sus operaciones y asumir gastos adicionales para mantener el servicio.
En ese contexto, el gremio considera que las condiciones actuales no permiten una reducción de tarifas, pese a las medidas de apoyo económico anunciadas por el Ejecutivo.
