El Ministerio Público solicitó extender el plazo de la investigación preparatoria por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en la base militar de Madre Mía durante la década de 1990.
Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y otros implicados por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar de Madre Mía, en la región San Martín.
El requerimiento fue presentado el 22 de mayo por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, sede Lima Centro.
Investigan homicidio y desaparición forzada
La instancia fiscal investiga a Humala, al exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y a otros tres militares por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.
Asimismo, el exmandatario es investigado por el presunto delito de desaparición forzada en perjuicio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
Según el Ministerio Público, la ampliación del plazo resulta necesaria debido a que aún existen diligencias pendientes dentro del proceso.
Investigación compleja venció en mayo
La Fiscalía recordó que el plazo inicial de ocho meses otorgado para esta investigación, considerada de naturaleza compleja, venció el pasado 24 de mayo.
Ante ello, el pedido de extensión fue remitido al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien programó una audiencia virtual para el próximo 1 de junio a las 11:00 a. m.
Durante la sesión participarán las partes procesales y posteriormente el magistrado deberá emitir una decisión respecto al requerimiento fiscal.
Caso fue archivado en 2009
Cabe recordar que en 2009 la Corte Suprema dispuso el sobreseimiento del proceso penal que afrontaba Ollanta Humala por el caso Madre Mía, al considerar en ese momento que no existían elementos suficientes para llevarlo a juicio oral.
Actualmente, el exjefe de Estado cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate.
La sentencia fue dictada en abril de 2025 por el delito de lavado de activos, relacionado con presuntos aportes ilegales recibidos durante sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
