El Poder Judicial declaró inaplicable la sanción aprobada por el Congreso contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y concluyó que no existieron argumentos objetivos suficientes para sustentar las acusaciones relacionadas con la Ley 32130 y las investigaciones preliminares.
El Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, al considerar que no existieron argumentos objetivos suficientes para sustentar las acusaciones vinculadas a la aplicación de la Ley 32130 sobre investigaciones preliminares.
La sanción política había sido aprobada en diciembre de 2025 con los votos de bancadas como Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Avanza País. Además de la inhabilitación, el Parlamento también dispuso iniciar una causa penal contra Espinoza por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
Denuncia surgió por reglamento fiscal
El caso se originó tras una denuncia presentada en octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
Los parlamentarios sostenían que el reglamento fiscal denominado “Actuación fiscal en la investigación del delito” contravenía la Ley 32130, norma que fortalecía la intervención operativa de la Policía Nacional durante las investigaciones preliminares.
PJ sostiene que no hubo sustento suficiente
Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que los denunciantes no explicaron de manera concreta cómo los fiscales habrían incumplido su deber constitucional ni de qué forma se habría vulnerado la Ley 32130.
La resolución señala además que tampoco se sustentó objetivamente la acusación sobre una supuesta invasión de competencias exclusivas de la Policía Nacional. Según el fallo, no se precisó cuáles funciones policiales habrían sido afectadas ni cómo se produjo dicha interferencia.
La instancia judicial también cuestionó que no existiera una argumentación sólida respecto a los delitos atribuidos a Delia Espinoza y los demás fiscales involucrados.
Debate entre Congreso y sistema judicial
La decisión reabre el debate sobre los límites de las sanciones políticas impuestas por el Congreso y la relación entre el Ministerio Público y el Parlamento en torno a las reformas del sistema de justicia y la conducción de las investigaciones penales en el país.
