El Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel para Andrés Hurtado y 24 años para la suspendida fiscal Elizabeth Peralta por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso de barras de oro y tráfico de influencias.
La situación judicial de Andrés Hurtado, conocido popularmente como “Chibolín”, se complicó aún más luego de que el Ministerio Público solicitara una condena de 30 años de prisión en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el exconductor de televisión habría participado en una presunta red de sobornos y favores irregulares relacionada con la devolución de barras de oro incautadas a empresarios investigados.
La acusación también alcanza a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, para quien la Fiscalía pidió 24 años de prisión efectiva por presuntamente intervenir de manera irregular en beneficio de intereses particulares. Ambos son investigados por supuestos actos de corrupción vinculados a pagos ilegales y tráfico de influencias.
Según las investigaciones fiscales, Andrés Hurtado habría actuado como intermediario entre empresarios y funcionarios públicos para favorecer determinados procesos judiciales y administrativos. Uno de los casos más relevantes involucra al empresario Javier Miu Lei, quien buscaba recuperar cargamentos de oro incautados por el Ministerio Público en 2020.
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicitó multas millonarias contra el exanimador televisivo. El requerimiento incluye pagos superiores a los S/2 millones y una inhabilitación de 20 años para ejercer cargos públicos. En el caso de Elizabeth Peralta, también se pidió inhabilitación y sanciones económicas adicionales.
Actualmente, Andrés Hurtado cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial. La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de convicción, entre ellos conversaciones, videos, transferencias bancarias y testimonios que comprometerían al exconductor.
Este no es el único proceso que enfrenta “Chibolín”. Semanas atrás, el Ministerio Público también solicitó otra condena de 4 años y 8 meses de prisión por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019.
El caso ha generado gran repercusión a nivel nacional debido a las presuntas conexiones entre figuras públicas, empresarios y funcionarios del sistema judicial, convirtiéndose en uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos años en el país.
