La masificación de herramientas digitales y la inteligencia artificial está obligando a repensar uno de los principios más elementales del ordenamiento legal: el derecho a la privacidad.
En el Perú, las denuncias por ciberdelitos superaron los 42 mil casos durante 2024, con un crecimiento del 40% respecto al año anterior, según la Policía Nacional del Perú. Este avance ocurre en un contexto en el cual el 79.5% de la población peruana ya está conectada a internet a diario y existen más de 24.5 millones de identidades activas en redes sociales, según DataReportal. La exposición digital es masiva — y el marco legal que debería regularla todavía corre detrás de la tecnología.
Para Carlos Caro, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú, este es uno de los debates jurídicos más urgentes del momento. «La tecnología avanza más rápido que las definiciones jurídicas tradicionales. Hoy la conversación sobre privacidad digital ya involucra herramientas de inteligencia artificial que procesan datos personales sin que el usuario comprenda plenamente qué se hace con su información», advirtió.
Y el fenómeno va más allá de las redes sociales. A nivel global, los deep fakes — imágenes, audios y videos falsos generados con inteligencia artificial — aumentaron más de 245% en el último año, con América Latina entre las regiones más afectadas. Para Caro, lo más preocupante es que la mayoría de ciudadanos aún no dimensiona el riesgo real. «Hoy cualquier persona puede estar expuesta a una vulneración digital sin siquiera darse cuenta», señaló.
Esa vulnerabilidad toma formas concretas en la vida diaria: una fotografía manipulada usada como prueba falsa, una voz clonada para cometer fraude bancario o conversaciones con plataformas de inteligencia artificial que podrían convertirse en evidencia dentro de un proceso legal. Lo que pocos saben es que lo que se comparte en esos espacios no necesariamente está protegido bajo criterios tradicionales de privacidad o secreto profesional.
Un marco legal que aún busca respuestas
Frente a este panorama, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú plantea una salida concreta. «Necesitamos protocolos claros sobre cómo se realiza un allanamiento digital, qué valor tiene la evidencia obtenida en entornos virtuales y en qué etapas de un proceso judicial puede participar la inteligencia artificial. Por eso también cobra sentido la creación de juzgados especializados en cibercrimen, espacios donde el sistema judicial pueda responder a la velocidad que estos casos exigen», sostuvo Caro.
Para el especialista, la responsabilidad es compartida, pues el Estado debe actualizar el marco normativo, las empresas tecnológicas deben transparentar el uso que hacen de los datos, y las universidades deben formar profesionales capaces de moverse entre la tecnología, la ética y el derecho. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú, esa intersección es parte central del enfoque con el que se prepara a los futuros abogados.
Estas reflexiones fueron planteadas en el marco del Conversatorio N° XCVII «Derecho Penal, Compliance e Inteligencia Artificial», organizado por la Asociación Internacional de Compliance, el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa y el Grupo Peruano de la AIDP, con el co-auspicio de la Universidad Politécnica del Perú, entre otras organizaciones.
