Decisión afecta más de 6,400 hectáreas en Puno y podría sentar un precedente para futuras inversiones extractivas.
Un fallo del Poder Judicial ha puesto en el centro del debate la relación entre inversión minera y derechos de las comunidades indígenas. El Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero anuló siete concesiones mineras en la región Puno —que en conjunto abarcan más de 6,400 hectáreas— al determinar que fueron otorgadas sin cumplir con el proceso de consulta previa.
La decisión responde a una demanda presentada por comunidades aimaras, que denunciaron la vulneración de derechos fundamentales como el territorio, la participación y la autodeterminación. Las concesiones, identificadas como Kelluyo 01 al 07, habían sido otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales S.A.C. sin aplicar el procedimiento exigido por el Convenio 169 de la OIT.
Más allá del caso puntual, el fallo introduce un elemento clave para el sector: reconoce que la concesión minera, aun sin actividad extractiva inmediata, puede generar impactos sobre el territorio y, por tanto, requiere consulta previa. Este criterio podría marcar un antes y un después en la forma en que se otorgan derechos mineros en el país.
Especialistas advierten que la sentencia podría abrir la puerta a nuevas acciones legales contra concesiones vigentes, elevando la incertidumbre en un sector estratégico para la economía peruana. En paralelo, refuerza la exigencia de incorporar estándares sociales desde las primeras etapas de los proyectos.
El caso también adquiere relevancia por su ubicación. Las concesiones se sitúan en una zona de alta sensibilidad ambiental, con presencia de lagunas y manantiales que forman parte de cuencas compartidas con Bolivia, además de espacios con valor cultural para las comunidades locales.
El juzgado dispuso que cualquier decisión futura sobre estas áreas deberá pasar necesariamente por un proceso de consulta previa adecuado, reafirmando el carácter vinculante de este derecho.
En un contexto en el que el Perú busca reactivar la inversión minera, el fallo deja planteado un desafío de fondo: garantizar el respeto a los derechos de las comunidades sin debilitar la predictibilidad que demandan los inversionistas.
