Las propias declaraciones juradas de los funcionarios revelan procesos por presuntos delitos como corrupción, colusión y abuso de autoridad.
Un total de diez ministros del gabinete liderado por Luis Arroyo Sánchez declararon tener investigaciones fiscales o procesos judiciales en trámite, según la información consignada en sus hojas de vida oficiales.
De acuerdo con los documentos revisados, varios titulares de sectores clave enfrentan indagaciones por presuntos delitos como corrupción, colusión, lavado de activos, fraude procesal y abuso de autoridad.
Entre los casos más relevantes, el ministro de Economía reportó una investigación por presunto lavado de activos, mientras que el titular de Justicia declaró procesos por negociación incompatible y colusión. Asimismo, otros ministros registran investigaciones por delitos vinculados al ejercicio de sus funciones en cargos anteriores.
También figuran investigaciones en carteras como Salud, Trabajo, Ambiente, Energía y Minas, Transportes y Vivienda, evidenciando que la situación alcanza a distintos sectores del Ejecutivo.
Incluso, los ministros del Interior y Defensa señalaron tener procesos en curso, aunque indicaron que brindarán mayores detalles posteriormente.
El reporte se basa en las declaraciones juradas presentadas por los propios funcionarios como requisito para asumir sus cargos, lo que ha reavivado el debate sobre los filtros y criterios para la designación de autoridades en el Gobierno.
Este escenario se da en un contexto político complejo, a pocas semanas de las elecciones generales, y podría impactar en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la idoneidad del gabinete ministerial.