Denuncian que ARES S.A.C. y la Asociación «Pepas de Oro» operan sin consulta previa y vulneran la economía ganadera en Iscahuaca, mientras el Estado ignora el conflicto.
Lo que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) califica como un «programa ejemplar de formalización», para la familia agraviada en el sector de Hinquiray – Pillcuyo (Iscahuaca, Cotaruse) es una sentencia de muerte para su medio de vida. Desde el año 2019, la actividad minera de la Asociación de Mineros Artesanales Pepas de Oro de Pampamarca, en colindancia con ARES S.A.C. (subsidiaria de Hochschild Mining), ha provocado la muerte progresiva de alpacas y ganado vacuno debido a la contaminación ambiental, ruidos extremos y la alteración de fuentes hídricas.
La problemática se agrava en un contexto nacional crítico: según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (diciembre 2025), el 50.3% de los conflictos sociales en el Perú son de tipo socioambiental, siendo la minería el sector que concentra la mayor cantidad de disputas. En Apurímac, región que alberga el 47.2% de los conflictos del país junto a otros cuatro departamentos, las familias rurales enfrentan la expansión minera sin los mecanismos de Consulta Previa que exige la ley.
El impacto económico es devastador. Para un productor en Apurímac —región que alberga una población significativa de las más de 3.6 millones de alpacas que existen en el Perú— la pérdida de animales por abortos y nacimientos prematuros representa la destrucción de su capital principal. A pesar de haber solicitado reuniones de emergencia el pasado 10 de febrero de 2026, los representantes de la asociación minera han brindado respuestas evasivas, alegando que «en su propiedad pueden hacer lo que quieran» y reprogramando diálogos debido a «actividades costumbristas».
Ante la indiferencia estatal y el daño ambiental irreversible, la familia afectada, asesorada por el estudio Grupo Ovalle, ha solicitado formalmente la clausura de la actividad minera en la zona y una reparación integral por los daños ocasionados. «No se puede llamar éxito a una formalización que atropella los derechos de los que estuvimos aquí primero», señaló el vocero de la familia, subrayando que no hubo convenio previo ni información transparente sobre las explosiones y el arrojo de materiales al río que hoy amenazan su supervivencia.
El caso de Iscahuaca evidencia que el proceso de formalización minera en el Perú aún carece de salvaguardas reales para los derechos individuales y ambientales. Mientras las cifras oficiales celebran la producción de oro, sector que representa una parte sustancial de las exportaciones mineras del país, la falta de una fiscalización efectiva deja a los pequeños ganaderos en un estado de indefensión legal y financiera, forzándolos a exigir el cese total de operaciones como única vía para proteger su patrimonio ancestral.
