La presidenta Dina Boluarte anunció la reconstrucción del histórico penal de El Frontón, en la isla del Callao, con una inversión aproximada de S/500 millones, con el objetivo de albergar a 2.000 internos de alta peligrosidad. El anuncio se realizó tras una visita al lugar junto al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, el pasado 31 de agosto.
La decisión ha generado controversia, ya que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había descartado previamente la viabilidad del proyecto por motivos técnicos y económicos, calificándolo como una inversión desproporcionada para un grupo reducido de reclusos.
Además, el gobierno no ha logrado culminar cinco proyectos penitenciarios en curso en Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa, que cuentan con un presupuesto conjunto de S/760 millones y permitirían la reclusión de más de 14.300 internos, cifra muy superior a la prevista en la reconstrucción de El Frontón.
Exjefes del INPE, como Javier Llaque Moya y César Cárdenas Lizarbe, han coincidido en que la prioridad debería ser terminar las obras ya financiadas para aliviar el grave hacinamiento carcelario que supera el 130 % de capacidad a nivel nacional.
El anuncio revive además la memoria del motín de 1986, cuando un operativo militar dejó cientos de muertos y destruyó gran parte de la infraestructura del penal, hecho que convirtió a El Frontón en un símbolo de violencia y controversia histórica.
La iniciativa del Ejecutivo abre un nuevo debate sobre la política penitenciaria: ¿es más eficiente reabrir un penal clausurado hace casi cuatro décadas o culminar las cárceles inconclusas que beneficiarían a miles de internos en todo el país?
