Asociaciones financieras alertan sobre el incremento de asaltos, extorsiones y asesinatos contra trabajadores del sector bancario, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado.
La creciente ola de criminalidad que azota al país no solo afecta a los ciudadanos en las calles, sino también a miles de trabajadores del sistema financiero. Gerentes generales de bancos, cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito han lanzado una severa advertencia: al menos diez mil empleados de estas entidades están en situación de riesgo permanente debido a la inseguridad y violencia desatada en diversas regiones del Perú.
En una declaración conjunta, representantes del sector financiero alertaron sobre el preocupante aumento de asaltos a agencias, extorsiones a trabajadores y ataques armados a vehículos de transporte de dinero, principalmente en zonas del norte, el VRAEM y distritos urbanos con fuerte presencia de bandas organizadas.
“Hoy, ser trabajador de una agencia bancaria o de una caja en ciertas provincias implica jugarse la vida todos los días. Nuestros colaboradores enfrentan amenazas, chantajes e incluso secuestros por parte del crimen organizado. Esto ya no es solo un tema de seguridad ciudadana, es un atentado contra el sistema económico”, señaló uno de los voceros de la Asociación de Cajas Municipales del Perú (FEPCMAC).
Además, indicaron que la falta de presencia policial en zonas alejadas y la impunidad de las mafias han convertido a los trabajadores del sistema financiero en blancos fáciles. Varios gerentes reportaron que sus empleados han optado por renunciar o solicitar traslados por miedo a represalias, lo que empieza a afectar la continuidad de los servicios financieros en zonas vulnerables.
Piden intervención urgente del Gobierno
Los líderes del sector financiero exhortaron al Ejecutivo a tomar acciones urgentes que incluyan: fortalecimiento del patrullaje en zonas críticas, asignación de personal policial permanente a entidades financieras en riesgo, y una estrategia nacional de inteligencia contra bandas delictivas vinculadas al cobro de cupos y el sicariato.
“La inclusión financiera y el desarrollo regional están en peligro si el Estado no garantiza la seguridad mínima para operar. Ya no podemos quedarnos callados mientras nuestros trabajadores son amenazados por dar servicio a la población”, advirtieron.
Finalmente, hicieron un llamado a los gremios empresariales, autoridades locales y sociedad civil a unirse en una cruzada nacional contra el crimen, por la paz y la defensa de la vida.
