Los magistrados de la Corte Suprema habrían identificado posibles vulneraciones al debido proceso relacionadas con la imputación del delito de conspiración para la rebelión. La eventual nulidad obligaría a revisar nuevamente la responsabilidad penal del exmandatario y de otros implicados en el caso del fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa la posibilidad de anular la sentencia que condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022.
El posible cuestionamiento estaría relacionado con un presunto defecto en el desarrollo del proceso judicial y la forma en que se incorporó y evaluó el delito por el que finalmente fue condenado el exmandatario.
El 22 de octubre de 2026, la Sala Suprema admitió a trámite los recursos de apelación presentados por las defensas de Castillo y de otros procesados, así como las impugnaciones del Ministerio Público y la Procuraduría del Estado.
Sin embargo, además de admitir los recursos, los magistrados solicitaron información específica a la Fiscalía y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para esclarecer qué ocurrió con la imputación por conspiración para la rebelión durante las etapas previas al juicio oral.
¿Cuál es el cuestionamiento de los jueces supremos?
La controversia gira en torno a que Pedro Castillo fue investigado inicialmente por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión. No obstante, durante el desarrollo del proceso, la acusación fiscal se centró en el delito de rebelión, mientras que la sentencia terminó condenándolo por conspiración para la rebelión.
Ante esta situación, los jueces supremos solicitaron a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos un informe documentado que precise en qué momento y bajo qué fundamento ese delito dejó de formar parte de la investigación preparatoria.
También requirieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria información sobre la existencia de alguna resolución relacionada con dicho delito durante la investigación o la etapa intermedia.
El objetivo es determinar si la imputación fue archivada, separada o resuelta mediante algún procedimiento que no haya quedado debidamente reflejado en el expediente del juicio.
¿Por qué podría anularse la sentencia?
El punto central es el respeto al debido proceso y al derecho de defensa. En un procedimiento penal, una persona debe conocer con claridad los hechos y delitos que se le atribuyen para poder preparar y ejercer su defensa.
Si se determina que Castillo fue condenado por un delito cuya situación procesal no quedó debidamente definida o que no fue materia de acusación en los términos correspondientes, podría existir una vulneración de garantías fundamentales.
En ese escenario, una de las alternativas que evaluaría la Sala sería declarar la nulidad del juicio y disponer que se realice uno nuevo, en el que se examinen correctamente los delitos involucrados y se permita a las partes ejercer su defensa.
No obstante, hasta el momento, la anulación no constituye una decisión definitiva. La Sala deberá analizar los informes solicitados, escuchar los argumentos de las partes y resolver las apelaciones.
Otros exfuncionarios también están comprendidos
El proceso no involucra únicamente al expresidente. La sentencia también alcanzó a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, quienes recibieron penas de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión.
Por su parte, el exministro Aníbal Torres fue condenado a seis años y ocho meses de prisión. Las defensas de los involucrados también presentaron recursos de apelación para cuestionar sus respectivas condenas.
El Ministerio Público, además, impugnó la absolución del general PNP Manuel Lozada, con el propósito de que se revise esa decisión.
¿Pedro Castillo podría recuperar su libertad?
Una eventual anulación de la sentencia no significaría automáticamente que Pedro Castillo quede en libertad. El expresidente también afronta otras investigaciones judiciales y tiene vigente una medida de prisión preventiva vinculada a procesos por presuntos actos de corrupción.
Por ello, incluso si la Corte Suprema dispone un nuevo juicio por los hechos del 7 de diciembre de 2022, su situación penitenciaria tendría que evaluarse considerando los demás procesos y las medidas judiciales vigentes.
La decisión final de la Sala Penal Permanente será determinante para establecer si la condena se mantiene, se modifica o se anula y si corresponde realizar un nuevo juicio.
