Una investigación de la Dirincri identificó a inspectores migratorios y un policía que habrían recibido pagos en dólares para evadir controles, omitir alertas judiciales y permitir viajes irregulares. Entre los casos investigados figura la salida del país de menores sin las autorizaciones correspondientes.
Una presunta organización criminal integrada por funcionarios y extrabajadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones habría utilizado los controles del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para facilitar salidas e ingresos irregulares del país a cambio de dinero.
La investigación, que permitió desarticular la organización denominada «La Hermandad Fronteriza», involucra a seis inspectores migratorios en actividad, cinco en situación de retiro y un efectivo policial. Según las indagaciones, los integrantes aprovechaban sus cargos y acceso a los sistemas institucionales para permitir el tránsito de personas que tenían impedimentos legales.
La red también habría operado en puestos fronterizos de Tumbes y Puno. Para coordinar los procedimientos, sus integrantes utilizaban mensajes de WhatsApp en los que compartían fotografías de pasaportes y comprobantes de depósitos en dólares.
Simulaban controles migratorios
De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios habrían simulado realizar las inspecciones en los módulos de control, sin registrar correctamente la información en las bases de datos de Migraciones.
Esta modalidad habría permitido que personas con requisitorias u otros impedimentos legales abandonaran el territorio nacional sin activar las alertas correspondientes. También se identificaron movimientos migratorios que no habrían seguido los procedimientos establecidos.
Las autoridades investigan presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsedad genérica y vulneración de sistemas informáticos del Estado.
El caso de alias «Loco Omar»
Uno de los episodios documentados corresponde a Omar Castañeda, conocido como «Loco Omar», investigado por presuntos delitos vinculados con muertes por encargo y considerado uno de los delincuentes más peligrosos del Callao.
En noviembre de 2022, Castañeda habría logrado abordar un vuelo con destino a España sin que se activaran las alertas del sistema migratorio peruano. Según la investigación, los inspectores Raúl Ponce y Jorge Díaz Sánchez habrían coordinado un pago de 500 dólares para facilitar su salida.
El investigado permaneció en Europa hasta que fue detenido en febrero del año pasado en la ciudad española de Elche, donde afronta un proceso de extradición.
La organización también habría facilitado el tránsito de ciudadanos ecuatorianos que tenían prohibido salir de su país y que ingresaban al Perú para posteriormente viajar hacia Estados Unidos desde Lima.
Menores viajaban sin autorización
Otro aspecto de la investigación está relacionado con la presunta salida irregular de menores de edad sin los permisos notariales exigidos por ley.
Las conversaciones telefónicas incautadas habrían permitido identificar coordinaciones para dirigir a determinadas familias hacia módulos específicos del aeropuerto, donde los inspectores simulaban completar los procedimientos migratorios.
Por estas gestiones, los involucrados habrían recibido pagos que oscilaban entre 120 y 180 dólares por pasajero.
Entre las personas investigadas figura Yojani Rugel Sullón, extrabajadora de Migraciones, cuya presunta participación también habría sido examinada en relación con la salida del país del exjuez César Hinostroza en 2018.
Las autoridades reportaron al menos 218 personas que habrían salido o transitado irregularmente mediante esta modalidad. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades individuales y establecer si existen otros involucrados.
La investigación vuelve a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de control en los principales puntos de ingreso y salida del país, especialmente cuando los procedimientos dependen de funcionarios que tienen acceso directo a información sensible y registros oficiales.
