El decreto firmado por Claudia Sheinbaum establece que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana. La reforma constitucional fue aprobada por mayoría en el Congreso y los congresos estatales.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad en los aspirantes a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La medida fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y ratificada por más de 22 legislaturas locales, cumpliendo así el procedimiento constitucional.
El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028. Según explicó la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, quienes deseen registrarse como candidatos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de poseer otra ciudadanía, deberán renunciar a ella antes de iniciar el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, reforzando los requisitos de elegibilidad para los cargos ejecutivos más altos del país. Entre los puntos clave se establece que:
- Solo podrán postularse ciudadanos mexicanos por nacimiento.
- Los aspirantes no podrán conservar ni adquirir otra nacionalidad.
- Si cuentan con doble nacionalidad, deberán renunciar a la extranjera antes del registro.
Sheinbaum destacó que la medida busca garantizar que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o local tengan un compromiso exclusivo con México. “A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador, jefa de gobierno o presidenta de la República solo puede ser mexicano”, afirmó durante su conferencia matutina.
La reforma también prevé la emisión de disposiciones reglamentarias en las próximas semanas para precisar el procedimiento de renuncia a otra nacionalidad, tanto ante la Secretaría de Relaciones Exteriores como ante las autoridades del país de origen.
Con esta decisión, el Gobierno de México redefine los criterios de elegibilidad y busca fortalecer la soberanía nacional en los procesos electorales futuros.
