La resolución ministerial publicada el 5 de octubre establece nuevas disposiciones para convocar a agricultores, actualizar padrones y supervisar la logística de transporte y almacenamiento. El objetivo es ordenar la adquisición de arroz a la agricultura familiar y distribuirlo a poblaciones vulnerables.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció la implementación de controles más estrictos en el proceso de compra directa de arroz a productores de la agricultura familiar afectados por el Fenómeno de El Niño. La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° D000415-2026-MIDAGRI-DM, publicada el 5 de octubre.
La disposición busca ordenar la ejecución del programa Agro Rural, encargado de adquirir el cereal y distribuirlo a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Entre los cambios destacan la obligación de publicar la lista de agricultores convocados antes de cada compra, la actualización limitada del padrón de productores habilitados (solo hasta el 15 de octubre y en dos oportunidades), y la supervisión de servicios de transporte, almacenamiento y envasado.
Cada agricultor podrá vender un máximo de 250 sacos de arroz de 49 kilos, con pagos únicamente vía transferencia bancaria y revisiones de calidad obligatorias. Estas condiciones buscan evitar irregularidades y garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
El endurecimiento de controles ocurre en medio de un paro nacional indefinido de productores arroceros en Piura, quienes reclaman mejores precios y denuncian sobreoferta del cereal. El Gobierno destinó además S/ 120 millones para enfrentar la crisis: S/ 100 millones para la compra directa y S/ 20 millones para logística. Según estimaciones oficiales, existe un excedente cercano a 67 mil toneladas de arroz en el mercado nacional.
Midagri aseguró que la intervención permitirá aliviar la situación de los agricultores y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad alimentaria de las familias vulnerables. La medida refleja la tensión entre la necesidad de apoyar a los productores y garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.
