Alain Salas Cornejo fue separado por unanimidad tras determinarse que excedió sus atribuciones al revisar pruebas de un proceso penal y que su actuación terminó favoreciendo al líder de Perú Libre.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al juez Alain Salas Cornejo, quien en junio de 2021 anuló las condenas impuestas a Vladimir Cerrón por el caso La Oroya. La decisión fue adoptada por unanimidad y también incluyó la cancelación de su título como magistrado del Poder Judicial.
El caso se remonta al 9 de junio de 2021, cuando Salas Cornejo, entonces titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba, Huancavelica, declaró fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada a favor de Cerrón. Con su resolución dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia que habían condenado al entonces exgobernador regional de Junín a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.
La actuación del magistrado generó una investigación disciplinaria. La OCMA lo suspendió preventivamente pocos días después y cuestionó que, mediante un proceso constitucional, hubiera realizado una revisión de elementos probatorios correspondientes al proceso penal.
La JNJ estableció finalmente dos cargos contra Salas. El primero estuvo relacionado con la reevaluación de pruebas dentro del hábeas corpus, pese a que ello excedería el objeto de este tipo de procesos. El segundo se vinculó con una contradicción en los fundamentos de su propia resolución que, según la Junta, tuvo como finalidad favorecer a Cerrón mediante la invalidación de las sentencias.
Salas Cornejo rechazó las imputaciones y sostuvo que no realizó una reevaluación indebida de las pruebas, sino que examinó las resoluciones cuestionadas para determinar si existía una vulneración del derecho a la debida motivación. También negó haber actuado para beneficiar a Cerrón.
Finalmente, la JNJ consideró que la conducta fue intencional y vulneró el deber de imparcialidad. Además, tomó en cuenta que Salas fue condenado por prevaricato en 2024 a tres años de prisión suspendida y un año de inhabilitación, sentencia que posteriormente fue confirmada por la Corte Suprema.
