Ni la cárcel los detiene: el penal Castro Castro bajo cuestionamientos por ingreso de drogas, celulares y presuntas redes de extorsión

Operativos en el penal Miguel Castro Castro han revelado el hallazgo de sustancias ilícitas, equipos de comunicación y objetos prohibidos, mientras crecen las denuncias sobre el presunto manejo de actividades ilegales dentro de algunos pabellones.

El penal Miguel Castro Castro vuelve a estar en el centro de la polémica por los problemas de seguridad y control interno. Diversos operativos realizados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han permitido detectar el ingreso de drogas, celulares, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos, evidenciando los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario peruano para impedir actividades ilícitas dentro de los establecimientos.

Las intervenciones realizadas en distintos pabellones del recinto penitenciario encontraron miles de envoltorios con sustancias presuntamente ilegales, teléfonos móviles, cargadores, routers artesanales y armas punzocortantes. Según el INPE, estos operativos buscan bloquear acciones relacionadas con extorsiones, crimen organizado y otras actividades que podrían ser coordinadas desde el interior de los penales.

El ingreso de celulares continúa siendo uno de los principales problemas para las autoridades, debido a que estos equipos pueden ser utilizados para realizar llamadas extorsivas o mantener comunicación con organizaciones criminales fuera de las cárceles. En anteriores intervenciones, agentes penitenciarios también hallaron anotaciones con números telefónicos que fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

A esta situación se suman denuncias sobre presuntos cobros ilegales dentro de los penales, como pagos por espacios, beneficios o supuestos privilegios, prácticas que reflejan la existencia de economías clandestinas que desafían la autoridad penitenciaria.

El caso de Castro Castro expone nuevamente la necesidad de fortalecer la vigilancia, mejorar la infraestructura penitenciaria y aplicar medidas que permitan garantizar que los centros de reclusión cumplan su función de seguridad y rehabilitación.

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