Suiza irá a las urnas el 28 de septiembre de 2025 para decidir si aprueba la Ley de Servicios de Identificación Electrónica (e-ID Act), que propone emitir una credencial digital estatal, gratuita y voluntaria, para que los ciudadanos puedan identificarse en línea y presencialmente, con estándares altos de seguridad de datos y una app oficial para gestionarla.
Este no es el primer intento: en 2021 los votantes rechazaron una propuesta similar principalmente porque la e-ID iba a ser emitida por empresas privadas. La versión revisada subraya que esta vez la credencial será emitida por el estado, con infraestructura gubernamental de confianza, lo que pretende resolver gran parte de las críticas previas en cuanto a privacidad y control ciudadano.
“Uno de los principales argumentos a favor que se mencionan es que el e-ID promete simplificar trámites, reducir burocracia, agilizar servicios públicos y privados, así como fortalecer la autonomía digital y soberanía del Estado. Quienes se oponen advierten riesgos como posibles brechas de datos, vigilancia, pérdida de control sobre información personal, y la posibilidad de que en la práctica no se mantenga siempre su uso voluntario”, agregó Felipe Lorca, Gerente general de Evoting.
En el Perú, ya existe normativa relevante que vincula con lo que se debate en Suiza. La Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N.° 1412) establece un marco de gobernanza digital y contempla la identidad digital como componente central, al igual que la plataforma nacional de autenticación, IDGob.pe, para que personas peruanas o extranjeras se autentiquen en línea frente a entidades estatales.
Recientemente, también se publicó el Decreto Supremo 098-2025-PCM, que actualiza reglas respecto a identidad digital, firma electrónica y notificaciones en trámites electrónicos. Esta norma fortalece la interoperabilidad, la gestión documental electrónica, y obliga al uso de plataformas digitales federadas (o interoperables) en entidades públicas, con miras a hacer los servicios digitales más seguros, eficientes y accesibles.
“Hay casos concretos que demuestran que la digitalización beneficia a la ciudadanía. Un ejemplo claro es Estonia, donde el 99 % de los trámites puede realizarse de manera digital y se estima que este mecanismo ahorra cinco días al año a cada habitante”, precisó Lorca.
La experiencia suiza muestra qué tan importante es poner al ciudadano en el centro del diseño, priorizar la protección de datos, construir confianza mediante infraestructura estatal o regulada, y ofrecer voluntariedad.
