Ante la propuesta de reemplazar al INPE por una nueva entidad, los sindicatos penitenciarios advierten con una huelga indefinida para defender sus derechos laborales y alertan que la reforma no debe cargarse sobre el personal.
El sindicato del INPE —agrupando a nueve gremios de trabajadores penitenciarios— exigió al Ejecutivo que considere al personal en cualquier proceso de reforma. Su dirigente, Ángel Llancari, declaró que el problema de fondo no es la estructura, sino la corrupción en altos cargos y la falta de voluntad para resolverla.
En una reunión con sus bases, el sindicato informó que evalúa declarar una huelga nacional e indefinida, pues consideran inaceptable que se pretenda reemplazar el INPE sin consultar a quienes laboran en él.
Además, sostienen que la propuesta del gobierno de crear la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir) —que asumiría las funciones del INPE— ignora denuncias de corrupción contra la actual dirección del INPE, encabezada por Iván Paredes Yataco, y minimiza las condiciones laborales que requieren mejoras urgentes.
Los trabajadores advierten que, si no hay un diálogo serio, la huelga podría paralizar los 69 establecimientos penitenciarios del país, afectando visitas, diligencias judiciales y aumentando la carga operativa sobre un sistema ya saturado.
