Grave violación a la legislación laboral peruana evidencia precariedad laboral que existe en el país, así como la desprotección sindical y la represión empresarial.
En un país donde solo el 2.2% de los trabajadores urbanos está sindicalizado, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el despido de 14 trabajadores afiliados al Sindicato Unitario de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP) en diciembre de 2023 no es solo una violación a los derechos laborales en Perú: es un síntoma de una crisis sistémica.
La creación del SUTRATGP, hecha el 2 noviembre de 2023, fue un hito para los empleados de TGP, quienes buscaban canalizar demandas colectivas en una empresa estratégica para el sector energía del país. Sin embargo, nueve días después de que el Ministerio de Trabajo reconociera legalmente al sindicato, la empresa TGP despidió de forma arbitraria a 20 trabajadores, de los cuales 14 eran integrantes del sindicato.
Entre los cesados estaban Vladimir Salhuana, secretario general del SUTRATGP, y otros cuatro miembros de la junta directiva. “Nos despidieron por organizarnos y buscar sentarnos con los ejecutivos de la empresa para revisar las condiciones laborales. Lo realizado por TGP es una advertencia para que nadie más exprese nunca una discrepancia”, denuncia Salhuana, quien al momento de su despido tenía 11 años de carrera profesional en TGP.
Christian Sánchez, abogado del SUTRATGP, denunció que los despidos se dieron de forma irregular como represalia a los trabajadores por formar el sindicato en la empresa TGP. Según el letrado, los despidos se ejecutaron el 29 de diciembre de 2023 mediante notificaciones notariales, aunque algunos empleados ni siquiera recibieron la carta exigida por ley. Además, cinco de los afectados fueron despedidos durante sus periodos de descanso / vacaciones, un periodo protegido por la legislación laboral nacional.
Sánchez destacó que, al momento de los despidos, todos los trabajadores estaban amparados por el fuero sindical, vigente hasta el 14 de febrero de 2024. Pese a ello, la empresa habría procedido con las terminaciones, aun cuando el SUTRATGP notificó formalmente su inscripción el 22 de diciembre de 2023 a través del portal institucional de TGP, lo cual ha sido validado por peritaje de parte.
¿Qué dijo la empresa?
TGP justificó los despidos bajo la figura de “retiro de confianza”, permitida por el Decreto Legislativo N° 728 para puestos clave. Sin embargo, la empresa incumplió el Decreto Supremo N° 001-96-TR, que exige comunicar por escrito a los trabajadores el estar en dicha condición contractual. Ninguno de los despedidos recibió esta notificación en más de una década de labor, varios contaban inclusive hasta con 15 años de trabajo
“Los afectados por el despido hemos participado durante años en elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), un derecho vedado al personal de confianza según la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR”, comentó Salhuana.
Para Sánchez, “clasificaron de manera irregular a trabajadores como ‘confianza’ solo con la finalidad de impedir se constituya el primer sindicato de TGP”.
Ante los atropellos, los trabajadores denunciaron su caso ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Por ello, el fiscalizador laboral impuso una multa de S/ 190,148.25 a TGP en Ayacucho, por obstruir inspecciones al negarse a entregar el cuadro de categorías y funciones, documento clave para verificar la supuesta condición de “confianza”, y asimismo en Cusco les impuso una multa de S/. 27,089.00 por negativa del sujeto inspeccionado de facilitar información requerida por el inspector dado que se negaron a exhibir también nuevamente el cuadro de categorías y funciones.
Dato Laboral
La vulneración a los trabajadores afiliados al SUTRATGP refuerza los datos sobre el deterioro sistemático de los sindicatos en Perú, como señala el estudio «La Sindicalización en el Sector Privado Formal del Perú 2020-2024», elaborado por el Ministerio de Trabajo, donde precisan que solo el 5% de los trabajadores del sector privado está afiliado a un sindicato. En sectores críticos como la agricultura, la tasa cae al 1%, pese a emplear a más de 200,000 personas. La sindicalización se concentra en empresas grandes (7.8% en firmas con más de 100 trabajadores), pero incluso allí, el caso TGP muestra cómo se vulnera este derecho.
