El rechazo empresarial se suma a una serie de hechos documentados que cuestionan la legitimidad de las operaciones de Tengda y la actuación permisiva de las autoridades municipales distritales y provinciales.
La empresa china Tengda (Perú) Cerámica S.A.C. enfrenta un rechazo frontal por parte de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), debido a las múltiples irregularidades legales y ambientales en las que ha incurrido desde que comenzó la construcción de su planta en Villacurí, Ica. El caso cobró mayor notoriedad, tras conocerse la vinculación de Tengda con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien asesoró legalmente a la compañía, en medio de la polémica por su actual condición de prófugo de la justicia.
«Lo que ha pasado con esta empresa es el colmo. Han construido sin licencia y ahora pretenden regularizar después de todo lo que se ha hecho público”, denunció Fernando Cilloniz, exgobernador de Ica. En efecto, en este momento, la empresa ha acudido ante las autoridades del Ministerio de la Producción (PRODUCE), con el afán de que se le otorguen las licencias que no han podido conseguir correctamente por no cumplir con la ley. Pero el Ministerio, tiene la responsabilidad de defender las normas peruanas y el estado de derecho, por tanto, no debe premiar estas írritas iniciativas otorgando permisos irregulares.
El reciente envío de una carta por parte de Chen Ming, representante legal de Tengda, al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, solicitando una reunión con PRODUCE para «agilizar la culminación de trámites administrativos», ha sido interpretado como un intento de presión política. Esta acción ha encendido aún más las alarmas sobre las intenciones de la compañía de regularizar su situación mediante canales irregulares. «Esto es un escándalo de influencia política, de clientelismo político, de corrupción. Y nada bueno hay detrás de esa fábrica, no hay nada bueno, la verdad» sentenció Cilloniz
El rechazo empresarial se suma a una serie de hechos documentados que cuestionan la legitimidad de las operaciones de Tengda y la actuación permisiva de las autoridades municipales distritales y provinciales. La planta fue construida sin licencia de edificación ni de funcionamiento, en clara violación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Licencia de Funcionamiento. Así lo confirmó la Contraloría General de la República, quien en su Informe de Orientación de Oficio N.º 086-2023-OCI/0406-SOO emitido el 6 de noviembre de 2023, advirtió que la Municipalidad Distrital de Salas conocía estas flagrantes vulneraciones a la ley, pero no tomó medida alguna para detenerlas. Adicionalmente, de espaldas a las reglas vigentes, funcionarios y Regidores de la Municipalidad de Ica favorecieron a la empresa cambiando la zonificación del terreno, con lo que, además, han causado un daño gravísimo a la agricultura en Villacurí.
Tengda tampoco cuenta con la certificación ambiental requerida, incumpliendo el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. PRODUCE rechazó su Plan de Participación Ciudadana por haberse presentado cuando la planta ya estaba en construcción, una clara muestra de que la empresa inició sus operaciones sin cumplir con las normativas vigentes. Como si fuera poco, PRODUCE detectó que Tengda falseó información, presentando imágenes de supuestos «almacenes temporales» que, en realidad, eran estructuras permanentes.
Otro punto crítico, es el uso ilegal de agua en una zona declarada en veda desde 2011 por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Tengda obtuvo una licencia para uso agrícola en mayo de 2023, sorprendiendo a las autoridades respectivas que pensaban que se usaría el agua para dichos fines. Sin embargo, obtenida la licencia, TENGDA usó el recurso hídrico para la construcción de su planta industrial. Descubiertos, en mayo de 2024, la ANA sancionó a la empresa con una multa de 20 UIT y ordenó sellar el pozo utilizado de manera indebida. Hasta hoy dicha sanción no se ejecuta.
La situación se agrava con la conexión de Nicanor Boluarte, quien actualmente lleva un mes en la clandestinidad tras dictarse una orden de captura nacional e internacional en su contra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Boluarte asesoró legalmente a Tengda, cobrando honorarios por brindar opiniones sobre su situación legal, lo que refuerza las sospechas de que la empresa ha intentado usar influencias políticas para operar al margen de la ley. Esta situación podría explicar tanta impunidad ante la permanente actuación irregular de Tengda.
El caso Tengda no solo representa una amenaza al cumplimiento de las leyes nacionales, sino que también plantea una pregunta urgente: ¿qué tan vulnerables son las instituciones peruanas ante el poder económico y político? En un país donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos, este caso debe servir como una advertencia para reforzar la supervisión y sancionar con firmeza a quienes transgreden la ley. La defensa del medio ambiente, la estabilidad jurídica y el respeto a las leyes del Perú, deben prevalecer sobre cualquier interés particular.
