El Tribunal Constitucional resolvió incluir al Ministerio Público en el proceso por el que Keiko Fujimori busca anular toda la investigación fiscal desde 2017. El nuevo giro deja el futuro del caso en manos del TC.
El caso Cócteles dio un giro inesperado. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió incorporar al Ministerio Público en el proceso de hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, en el que se busca la nulidad total de la investigación fiscal en su contra desde 2017. La decisión fue emitida el 30 de junio y podría dejar sin piso todo el proceso judicial.
La demanda, impulsada por la abogada Giulliana Loza, apunta al juez Víctor Zúñiga Urday y al procurador del Poder Judicial, alegando vulneraciones a derechos fundamentales como la libertad personal, la legalidad penal y el derecho a una resolución motivada.
Al admitir la participación de la Fiscalía, el TC invocó el artículo 46 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que permite incorporar a terceros cuando una decisión judicial puede afectar sus derechos. Como la defensa de Fujimori solicita la nulidad desde la etapa preliminar del caso, el tribunal consideró que el Ministerio Público debe defender su actuación.
El TC concedió 10 días hábiles a la Fiscalía para presentar sus descargos. La decisión se sustenta además en un antecedente inmediato: la sentencia 327/2024, que amparó una demanda similar de José Chlimper y que luego fue extendida a Keiko Fujimori y otros implicados, anulando el auto de enjuiciamiento y el requerimiento acusatorio.
En esa línea, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular busca dejar sin efecto tres resoluciones que rechazaron excepciones por lavado de activos y organización criminal, así como el auto de enjuiciamiento dictado en noviembre de 2023. También pide el archivo definitivo del caso.
El contexto se volvió aún más volátil cuando, el 3 de julio, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria anuló el auto de enjuiciamiento contra Fujimori y más de 40 personas, obligando al Ministerio Público a reformular su acusación.
Ese fallo se emitió apenas un día después de que el fiscal José Domingo Pérez presentara un nuevo requerimiento acusatorio, solicitando 35 años de prisión para Keiko Fujimori.
El TC aclaró que su decisión busca preservar el debido proceso no solo para los demandantes, sino también para la parte acusadora. Su pronunciamiento final será decisivo para saber si el caso sigue adelante o se derrumba definitivamente tras casi una década de litigio.
