El Tribunal Constitucional cerró la puerta a los intentos por anular la norma que limita la aplicación de delitos de lesa humanidad antes de 2002.
El Tribunal Constitucional decidió mantener firme la Ley 32107 tras declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público. La decisión se impuso porque no se alcanzaron los cinco votos necesarios para tumbar la norma, lo que ratifica que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo pueden aplicarse a hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú en el año 2002.
Según la sentencia de los expedientes 00009-2024-PI-TC y 00023-2024-PI-TC, los magistrados Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández respaldaron la constitucionalidad de la ley mediante un criterio interpretativo, mientras que Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y Manuel Monteagudo votaron por su inconstitucionalidad.
Un fallo que define los límites del sistema penal
Con el fallo, la Ley 32107 queda plenamente vigente y confirma que cualquier hecho anterior al 1 de julio de 2002 debe juzgarse bajo el Código Penal de 1991, con sus propias penas y plazos de prescripción. El TC enfatizó que permitir procesos por hechos previos a esa fecha vulneraría el derecho al plazo razonable, afectaría la libertad personal y chocaría con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se sancione a los responsables.
El mensaje político detrás de la decisión
Para el Tribunal, la línea temporal es determinante. La sentencia marca un límite jurídico explícito en un contexto donde distintas fuerzas políticas y actores judiciales buscaban ampliar la interpretación de los delitos de lesa humanidad hacia hechos anteriores al marco internacional vigente. El TC, al validar la ley, envía una señal de contención institucional en medio de tensiones por casos emblemáticos y procesos que involucran a militares, policías y funcionarios vinculados al periodo previo al Estatuto de Roma.
