Sunedu en la mira: ¿el nuevo botín político de César Acuña con la candidatura de Susana Paredes?

La posible designación de Susana Paredes Díaz como superintendenta de SUNEDU despierta críticas por sus vínculos con la Universidad César Vallejo y Alianza Para el Progreso, lo que plantea dudas sobre la independencia de este organismo regulador.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) podría estar en el centro de una controversia política tras la posible designación de Susana Edita Paredes Díaz como superintendenta oficial este 24 de diciembre. La elección, que se daría en plena víspera de Navidad, ha generado un intenso debate sobre la autonomía e independencia de la entidad encargada de supervisar la educación superior en el país.

Paredes Díaz, quien actualmente ejerce como superintendenta encargada y presidenta del Consejo Directivo de SUNEDU, mantiene estrechos vínculos con la Universidad César Vallejo (UCV) y es militante activa del partido Alianza Para el Progreso (APP) desde 2013. La UCV es propiedad del político César Acuña Peralta, líder de APP, lo que ha despertado inquietudes sobre un potencial conflicto de intereses si ella llegara a liderar la institución que supervisa y sanciona a universidades, incluida la UCV.

La controversia no se limita a la persona de Paredes: tres miembros del actual Consejo Directivo de SUNEDU son candidatos políticos, algunos por el mismo partido APP, lo que plantea cuestionamientos sobre el uso de la institución como plataforma política. El riesgo de que SUNEDU pierda su neutralidad y se convierta en un instrumento al servicio de intereses particulares preocupa a sectores académicos y ciudadanos.

Organizaciones civiles y expertos en educación han señalado que una entidad fiscalizadora debe mantener independencia total de cualquier interés político o académico para garantizar la calidad y objetividad en la evaluación de las universidades y centros de educación superior.

La SUNEDU ha sancionado previamente a la UCV por diversas infracciones a la Ley Universitaria, lo que intensifica el debate sobre si una persona vinculada a esta universidad puede dirigir con imparcialidad la institución supervisora

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