El organismo tributario inicia un plan de control para rastrear la producción y el lavado de oro proveniente de la minería informal e ilegal.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció que iniciará una fiscalización intensiva a las plantas de procesamiento de oro en La Libertad, como parte de una estrategia para trazar la ruta del mineral de origen ilegal e informal.
La superintendenta Marilú Llerena explicó que la entidad aplicará un modelo de control inteligente, combinando puestos de vigilancia física con supervisión directa en las plantas.
“Tenemos más de 350 plantas donde converge la producción de la minería artesanal, informal e ilegal. La estrategia es reforzar los controles en esas plantas”, señaló.
El objetivo es detectar inconsistencias en la declaración de volúmenes de producción, cruzando la información del Ministerio de Energía y Minas con las estadísticas tributarias de la Sunat. Estas plantas son el eslabón clave del lavado de dinero en la minería ilegal, al blanquear oro que luego se comercializa en el mercado formal.
En las provincias de Trujillo, Pataz, Otuzco y Santiago de Chuco operan decenas de plantas clandestinas. Según reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el OEFA y la Policía Nacional, existen más de 50 plantas ilegales activas en la región, especialmente en Tayabamba, Parcoy, Quiruvilca y el cerro El Toro (Huamachuco).
Estas instalaciones usan mercurio y cianuro, cuyos desechos contaminan quebradas y ríos, entre ellos el río Moche, donde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha detectado altos niveles de arsénico, plomo y mercurio.
El abogado ambientalista César Ipenza subrayó que “la Sunat debe trabajar de forma articulada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con equipos técnicos especializados para seguir la ruta del dinero detrás del oro ilegal”.
La minería ilegal en La Libertad se ha convertido en una economía criminal organizada, con vínculos al tráfico de armas, sicariato y extorsión. En distritos como Parcoy, operan más de 20 plantas ilegales, muchas de ellas protegidas por grupos armados o empresas de seguridad privadas con nexos mafiosos.
Pese a más de 60 operativos ejecutados por la FEMA y el OEFA en los últimos tres años, las plantas suelen reabrirse o trasladarse a otros terrenos en cuestión de días. Organizaciones civiles exigen ahora mayor transparencia y sanciones para autoridades locales implicadas en proteger estas redes.
