Quisieron anular la exclusión de exejecutivos de Odebrecht en una investigación por fraude tributario. El Poder Judicial dijo no.
El Poder Judicial le cerró la puerta a la SUNAT. El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de amparo que el ente recaudador presentó en marzo de 2020 contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, figuras clave del Equipo Especial Lava Jato.
La SUNAT buscaba nada menos que anular dos disposiciones fiscales emitidas en 2019, con las que se excluyó a altos exfuncionarios de Odebrecht —como Jorge Barata, Raymundo Trindade y Antonio Carlos Nostre— de una investigación por defraudación tributaria en el caso del tramo I del Metro de Lima.
Pero el juzgado fue contundente. Argumentó que la decisión de excluir a los exejecutivos estuvo amparada por el acuerdo de colaboración eficaz, y que la información utilizada por la SUNAT en su denuncia provenía precisamente del proceso de cooperación judicial. Es decir, los acusados entregaron pruebas a cambio de beneficios legales, y esa renuncia voluntaria a su derecho a no incriminarse no puede ser utilizada ahora en su contra.
La denuncia original de la SUNAT, presentada el 21 de junio de 2019, fue archivada por el fiscal Pérez. Luego, Vela desestimó la impugnación presentada por la propia SUNAT. La entidad alegaba que ambas resoluciones vulneraban el debido proceso y carecían de motivación suficiente. Pero el juzgado respondió que las decisiones fiscales fueron legales, proporcionales y consistentes con las obligaciones del Ministerio Público.
El fallo señala que, lejos de vulnerar derechos, los fiscales actuaron dentro del marco legal de la colaboración eficaz y que la información recogida no podía servir para abrir una nueva causa contra quienes ya colaboraron con la justicia.
Una vez más, el Poder Judicial respalda la autonomía del Ministerio Público en sus decisiones estratégicas. Y SUNAT, al intentar forzar una nulidad, termina desautorizada en tribunales.
