Por Antero Flores-Araoz
Con buen criterio el Congreso de la República, complementó las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, la cual podía fiscalizar la procedencia de las donaciones o colaboraciones económicas internacionales, sea en dinero o en especie, a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en nuestra patria, así como el objetivo, por lo menos teórico de dichas donaciones.
La ampliación que se autorizó por reciente ley fue para que también se pudiera fiscalizar si efectivamente las donaciones en cuestión, se utilizaban de conformidad con su destino programado o no, ya que en ciertos casos había evidencias y en otros hasta certidumbre, que parte de tales fondos se empleaban en otros menesteres, algunos incluso en contra de los intereses de nuestra Nación.
Bueno pues, aunque deberíamos decir “malo pues”, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) constituido por la Comisión y la Corte del mismo nombre, en el seguimiento sobre el cumplimiento de alguna resolución condenatoria al Perú, en buena cuenta exige al Estado Peruano que dé marcha atrás y derogue la ley de ampliación de facultades y atribuciones fiscalizadoras a la APCI.
El Perú tiene que hacer sentir su protesta por ésa indebida intromisión del SIDH, que no es de su competencia, y que además no es la primera vez que lo hace sino una de tantas. El SIDH avanza en sus impertinencias y sigue impertérrito, porque lamentablemente los países que lo integran o pecan de indolentes o se muestran tolerantes aceptando sin protesta los desatinos.
El Perú comenzó a tomar distancia, aunque tardíamente, de los desaguisados del SIDH en el 2007, planteando modificaciones en la OEA, lo que recién el año 2023 se retomó tramitándose proyectos de ley para hacer reformas en el aludido Sistema, aprobándose en el Pleno Congresal del18 de enero del 2024, ley para nombrar una comisión de altísimo nivel, que diagnostique al SIDH y proponga a la OEA las reformas que conduzcan a que dicho Sistema recobre su accionar primigenio sin desbordes ni intromisiones indebidas y, que de no hacerse el Perú quedaba autorizado a retirarse del mismo con preaviso de un año, lo cual por lo demás está normado en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo presidido por la señora Boluarte observó la autógrafa de la ley, ante lo cual la Comisión de Constitución del Congreso dictaminó la insistencia del texto primigenio el 25 de marzo último y desde el 14 de abril pasado, se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y decisión. El Congreso debe apurarse en el tema y resolverlo positivamente, pues constituye además una llamada de atención al Sistema ante el desborde arrogante de sus pretendidas facultades. Si es que no se hace nada y se permite que tal Sistema siga actuando más allá de sus atribuciones convencionales, será ello de responsabilidad congresal, pero no enerva la facultad del Poder Ejecutivo de hacer la correspondiente denuncia a la Convención, aunque no se sabe si se atrevería y, si el Sistema se reforma positivamente siempre podrá volver a reinsertarse.
