El parlamentario de Perú Libre sostuvo que el Congreso no debe duplicar funciones ni interferir en investigaciones judiciales, generando debate político sobre el control parlamentario frente a presuntos actos irregulares.
El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, expresó su desacuerdo con la propuesta de crear una comisión investigadora en el Parlamento para indagar el denominado caso “Chifagate”, argumentando que la responsabilidad de investigar presuntos delitos corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
Durante sus declaraciones, el legislador enfatizó que el Congreso debe respetar la separación de poderes y evitar asumir funciones que pertenecen al sistema de justicia. Según sostuvo, el Parlamento tiene atribuciones de fiscalización política, pero no debe intervenir en procesos que puedan tener carácter penal, ya que eso podría generar duplicidad de funciones e incluso entorpecer las investigaciones oficiales.
Montalvo señaló que las autoridades judiciales cuentan con las herramientas legales necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En ese sentido, remarcó que el trabajo del Ministerio Público debe desarrollarse con autonomía y sin presiones políticas, garantizando un proceso transparente y objetivo.
El caso “Chifagate” ha provocado controversia en el escenario político nacional debido a las presuntas irregularidades que involucran a funcionarios y posibles actos de favorecimiento. Frente a ello, algunos sectores del Congreso consideran necesaria la creación de una comisión investigadora para ejercer control político y determinar eventuales responsabilidades administrativas o éticas dentro del aparato estatal.
Sin embargo, la postura de Montalvo refleja una división entre las bancadas parlamentarias sobre el alcance de las facultades del Legislativo. Mientras algunos congresistas defienden la creación de grupos de trabajo para esclarecer los hechos desde el ámbito político, otros advierten que dichas comisiones podrían politizar el proceso o interferir en las investigaciones fiscales.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que el Congreso tiene facultades para investigar asuntos de interés público, siempre que no invada competencias del sistema judicial. En ese marco, el debate gira en torno a los límites del control parlamentario y la necesidad de garantizar investigaciones independientes que fortalezcan la institucionalidad democrática.
El desarrollo del caso “Chifagate” continuará generando reacciones dentro del Congreso y en la opinión pública, mientras se espera que las autoridades competentes determinen si existen responsabilidades penales o administrativas vinculadas a los hechos investigados.
