El presidente encargado del Congreso reivindicó la Defensoría del Policía y cuestionó lo que denomina una visión distorsionada de los derechos humanos, en medio de un debate nacional marcado por leyes que benefician a ex policías y militares procesados por crímenes graves.
El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, participó en la ceremonia por el XXIV aniversario de la Dirección General de la Defensoría del Policía, un acto protocolar que, más allá de lo simbólico, volvió a poner en el centro del debate la forma en que el poder político está reinterpretando el enfoque de los derechos humanos en el país.
La actividad se realizó en la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, y reunió a autoridades del sector, altos mandos policiales y representantes de la familia policial. Durante la ceremonia, se recordó que la Defensoría del Policía fue creada el 6 de febrero de 2002, durante la gestión del propio Rospigliosi como ministro del Interior, con la finalidad de proteger los derechos y el bienestar del personal policial y sus familias.
Sin embargo, el mensaje político del evento fue más allá del aniversario institucional. En declaraciones al canal del Congreso, Rospigliosi sostuvo que en el país se ha instalado una visión “distorsionada” de los derechos humanos, afirmando que estos se aplican con mayor énfasis a delincuentes y terroristas, mientras, según su postura, se desprotege a quienes integran las fuerzas del orden.
El trasfondo político del discurso
Las declaraciones no ocurren en un vacío. Se producen en un contexto en el que el Congreso ha aprobado normas y promovido iniciativas que organizaciones de derechos humanos, sectores académicos y familiares de víctimas consideran un intento de debilitar la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
En ese escenario, la reivindicación de la Defensoría del Policía y el cuestionamiento al sistema judicial adquieren una lectura política más amplia, en la que se busca reposicionar a policías y militares como víctimas de una supuesta persecución sistemática, relativizando responsabilidades históricas ya establecidas por la justicia nacional e internacional.
Cuestionamientos al sistema judicial
Rospigliosi insistió en que existe una persecución judicial persistente contra militares y policías por hechos ocurridos hace décadas, mientras, según afirmó, no se observa el mismo rigor frente a los responsables del terrorismo. Para el legislador, esta situación debilita la institucionalidad y afecta la moral de las fuerzas del orden.
No obstante, críticos de esta narrativa advierten que este tipo de discursos tiende a equiparar responsabilidades y a erosionar principios básicos del derecho internacional, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación del Estado de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
Un debate que sigue abierto
Desde el Congreso, Rospigliosi aseguró que se seguirán impulsando iniciativas para fortalecer el respaldo legal e institucional a los efectivos que enfrentan al crimen organizado. Para diversos sectores, el riesgo está en que ese respaldo termine convirtiéndose en un manto de impunidad, más aún cuando se legisla desde una lectura política que confronta, en lugar de fortalecer, el sistema de derechos humanos.
El aniversario de la Defensoría del Policía, así, se convirtió en algo más que una conmemoración, fue una plataforma para reafirmar una visión ideológica que hoy divide al país y reabre heridas que aún no han sido cerradas.
