Rospigliosi ataca al Poder Judicial y respalda leyes que abren la puerta a la impunidad

Desde la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi cuestiona sentencias por crímenes del pasado y refuerza un discurso que debilita la justicia y relativiza las violaciones a los derechos humanos.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, volvió a cargar contra el Poder Judicial al calificar como “persecución” los procesos y sentencias contra militares y policías vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno. Sus declaraciones no se producen en el vacío, sino en un contexto en el que el Parlamento ha aprobado normas que buscan limitar o bloquear el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.

Cuestionamientos a sentencias judiciales

Rospigliosi cuestionó la condena contra el coronel en retiro Roberto Villar Chamorro, sentenciado a 20 años de prisión, afirmando que se trató de un fallo injusto y señalando la ausencia de un testigo en el proceso. Sin embargo, sus declaraciones omiten que los crímenes de lesa humanidad se investigan bajo estándares internacionales que el Perú está obligado a cumplir y que no dependen de narrativas políticas ni de conveniencias coyunturales.

Una narrativa que relativiza la gravedad de los crímenes

Al insistir en que existe una supuesta persecución judicial contra quienes combatieron al terrorismo, el titular del Congreso instala un discurso que equipara la acción del Estado de derecho con un acto de revancha, debilitando la independencia judicial y deslegitimando a las víctimas. Esta narrativa, repetida desde el poder político, contribuye a normalizar la impunidad y a erosionar los avances en verdad y justicia.

Leyes bajo cuestionamiento

Las declaraciones de Rospigliosi se suman a la reciente aprobación de leyes impulsadas desde el Congreso que han sido duramente cuestionadas por organismos nacionales e internacionales por contravenir tratados de derechos humanos y por intentar cerrar procesos judiciales aún abiertos. Para especialistas, este giro legislativo representa un serio retroceso democrático y coloca al Perú en una posición de riesgo frente a la comunidad internacional.

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