El Poder Judicial consideró desproporcionada la medida y ordenó que afronten la investigación bajo reglas de conducta y caución económica.
Libertad con restricciones
La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocó el mandato de 36 meses de prisión preventiva que pesaba sobre seis investigados en el caso Qali Warma: Edgar Capani (Frigoinca S.A.C.), Davilton Rodríguez (abogado del extinto programa), Miguel Rosales (supervisor Lima-Callao), José Mera (especialista en Loreto), Deyvis Espinoza y Yesabella Pazos (inspectores de Digesa).
La sala declaró fundados los recursos de apelación presentados por las defensas y determinó que la prisión preventiva era desproporcionada e innecesaria. En adelante, los investigados deberán cumplir un régimen de comparecencia con restricciones y caución económica que varía entre S/15.000 y S/20.000, garantizando su sujeción al proceso por 36 meses.
Reglas de conducta
Entre las obligaciones impuestas se encuentran:
- No ausentarse de su localidad sin autorización judicial.
- Evitar comunicación con coimputados, testigos u otras personas vinculadas a la investigación, salvo entre ellos por lazos familiares y defensa técnica.
- Comparecer a todas las citaciones fiscales y judiciales, ya sea presencial o virtualmente.
- Reportar cada 30 días mediante registro biométrico.
- Cumplir con el pago de la caución económica en el plazo establecido.
El incumplimiento de estas reglas puede derivar en la revocación de la libertad y reingreso al penal correspondiente.
Efectos inmediatos
El tribunal ordenó la libertad inmediata de Edgar Capani, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales y José Mera, así como la excarcelación de todos los investigados que se encuentren recluidos, siempre que no tengan otras medidas restrictivas vigentes. Asimismo, se levantaron las órdenes de captura contra Deyvis Espinoza y Yesabella Pazos.
El trasfondo del caso
Según la Fiscalía, se habría configurado una red criminal dentro del Estado para manipular adjudicaciones del programa Qali Warma y favorecer a empresas proveedoras como Frigoinca, afectando la alimentación y la salud de escolares en varios departamentos del país.
Este fallo genera polémica y debates sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares en casos de corrupción que involucran recursos públicos y protección a la niñez.
