Un reportaje periodístico expone que el magistrado Lenin Montoro Rodríguez del Poder Judicial dictó al menos 11 medidas cautelares que habilitaron la adjudicación de grandes obras a consorcios chinos, pese a irregularidades administrativas y antecedentes de abandono de proyectos.
Un informe difundido por el dominical Panorama reveló que el juez Lenin Montoro Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, emitió 11 medidas cautelares a favor de empresas chinas y sus consorcios, lo cual habría permitido que estas compañías consiguieran contratos estatales evaluados en más de S/2 000 millones en obras de infraestructura, según documentación y análisis periodístico.
Las cautelares dictadas por el magistrado habrían habilitado la participación y adjudicación de contratos a consorcios encabezados por compañías como China Railway No. 10 Engineering Group Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group, incluso en casos donde esas firmas tenían antecedentes de abandono de proyectos o inhabilitaciones administrativas.
Entre las obras mencionadas está la carretera Molinopampa en Áncash, valuada en aproximadamente S/200 millones y adjudicada en 2021, además de otros proyectos estratégicos de infraestructura vial.
El informe de Panorama apunta furthermore que este patrón de resoluciones judiciales ha generado sospechas de posible corrupción o direccionamiento en favor de los intereses de estas empresas, lo que ha sido descrito por analistas como un posible “ruleteo” procesal, un término que se refiere a la repetida presentación de casos similares ante el mismo despacho judicial para obtener resultados favorables.
El juez involucrado ha sostenido que su actuación se ajustó a la ley, alegando que las empresas enfrentaban obstáculos administrativos relacionados con criterios del Registro Nacional de Proveedores del Estado.
El caso ha encendido el debate sobre la transparencia del sistema judicial y la supervisión de adjudicaciones públicas ligadas a empresas extranjeras, justo cuando crece el escrutinio sobre contratos estatales con firmas chinas en sectores clave de infraestructura.
