La Corte de Apelaciones de EE. UU. confirmó que la gestión del alcalde Rafael López Aliaga está obligada a cumplir con el pago de casi 200 millones de dólares a Rutas de Lima, tras fracasar en su intento de revertir dos laudos arbitrales. La justicia estadounidense desestimó todos los argumentos de corrupción, fraude y mala conducta presentados por la Municipalidad de Lima.
La administración de Rafael López Aliaga sumó un nuevo revés judicial en el extranjero. Esta vez, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington D.C., ratificó dos fallos arbitrales que obligan a la Municipalidad de Lima (MML) a pagar cerca de 200 millones de dólares a la concesionaria Rutas de Lima. La sentencia fue emitida el martes 24 de junio, según accedió Infobae.
La comuna capitalina había argumentado que el contrato de concesión se firmó bajo un esquema de corrupción ligado a Odebrecht, que Rutas de Lima cometió fraude en uno de los arbitrajes y que el segundo tribunal excluyó pruebas clave de forma indebida. Sin embargo, la Corte estadounidense rechazó todos los alegatos, uno por uno.
Sobre la supuesta corrupción, el tribunal reafirmó que no hay evidencia suficiente para vincular los sobornos de Odebrecht con los contratos y adendas firmados entre 2013 y 2016. En cuanto al presunto fraude —relacionado con los llamados “Contratos Meiggs”—, la Corte fue clara: la Municipalidad no pudo demostrar cómo dichos contratos afectaron su posición legal.
Lo mismo ocurrió con la acusación de “mala conducta” en el segundo arbitraje, en el que se alegó la exclusión de anexos vinculados al caso Susana Villarán. La Corte aclaró que Lima no solicitó formalmente su inclusión, por lo que no hubo irregularidad en el procedimiento.
La decisión también ratifica la resolución previa de la jueza Ana C. Reyes, quien en marzo de 2024 ya había rechazado la anulación de los laudos a favor de Rutas de Lima por un monto de 196 millones de dólares.
Jueza rechazó suspender pago: “No recompensaremos conducta dilatoria”
Cuatro días antes del fallo final, la jueza Reyes también negó una solicitud de la Municipalidad para suspender la ejecución del pago. La razón no fue solo la debilidad de los argumentos legales, sino también el comportamiento del alcalde.
Según la jueza, las declaraciones públicas de Rafael López Aliaga pesaron en su decisión: “No pagaré ni un solo mango”, “no pagamos a delincuentes”, “la Municipalidad tiene mecanismos contra bandas criminales”. Estas frases, dijo la magistrada, refuerzan la idea de que Lima no tiene intención de cumplir voluntariamente con el fallo, lo cual constituye una conducta dilatoria que no será premiada.
“La Corte no recompensará tal conducta al eximir a Lima de su obligación de presentar una fianza para postergar la ejecución”, resolvió Reyes.
Con esta sentencia, la Municipalidad de Lima queda obligada a pagar los casi 200 millones de dólares a Rutas de Lima, mientras enfrenta otro frente legal: un arbitraje internacional ante el CIADI por 2,700 millones de dólares, iniciado por el fondo Brookfield, actual propietario del concesionario.
