Rafael López Aliaga omitió una empresa con millonaria deuda a la Sunat en su declaración al JNE

Candidato de Renovación Popular no informó al organismo electoral sobre empresa vinculada con más de S/12,9 millones de deuda.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, omitió declarar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la existencia de una de sus empresas que mantiene una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por más de S/12,9 millones. La omisión corresponde a Peruval Corp. S.A., con sede en Lima, la cual figura en registros públicos con deuda tributaria y ligada al aspirante político, aunque no fue incluida en la Hoja de Vida presentada al JNE para el proceso electoral 2026.

Según la normativa electoral, los candidatos están obligados a declarar todas las empresas en las que aparecen como accionistas, sin importar su Estado tributario o situación legal. En la declaración presentada, López Aliaga consignó únicamente la sucursal panameña de Peruval Corp. S.A., omitiendo deliberadamente o por negligencia la empresa domiciliada en Perú que adeuda tributos a la Sunat. La 

Este hecho ha generado cuestionamientos de expertos en derecho electoral, quienes señalan que la finalidad de la Hoja de Vida es garantizar transparencia ante los electores y permitir que la ciudadanía conozca la situación patrimonial y legal de los candidatos. De acuerdo con especialistas, la omisión podría derivar en acciones de fiscalización por parte del JNE, y eventualmente en sanciones administrativas o multas si se determina que el dato fue omitido sin justificación.

La investigación periodística que dio cuenta de esta situación también resalta que la empresa Peruval Corp. S.A. de Lima tuvo participación en concesiones importantes, como la del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, y pese a que López Aliaga renunció formalmente a sus cargos en esa entidad en 2023, aún mantiene acciones que lo vinculan con ella.

Organismos electorales y especialistas han subrayado que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a información completa y veraz sobre los postulantes, y que la falta de transparencia puede afectar la confianza pública en el proceso democrático.

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