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¿Qué debe hacer el Gobierno para acabar con la extorsión en el Perú?

En los últimos años, la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana en el Perú, afectando a miles de emprendedores, transportistas, comerciantes y familias en todo el país. Según cifras oficiales, solo en 2024 se registraron más de 12 mil denuncias por extorsión, con un preocupante incremento de casos vinculados a organizaciones criminales que operan impunemente desde las cárceles o en los barrios más vulnerables.

Frente a este escenario, diversos expertos coinciden en que el Gobierno debe aplicar una estrategia multisectorial, firme y sostenida para combatir esta grave problemática.

  1. Reforma del sistema penitenciario
    Las bandas criminales continúan operando desde los penales con total libertad. Urge bloquear las comunicaciones ilegales, mejorar el control interno y aplicar una estricta clasificación de reos por nivel de peligrosidad. La implementación de tecnologías como inhibidores de señal y escáneres inteligentes es fundamental.
  2. Fortalecimiento del trabajo de inteligencia
    El Estado necesita invertir más en inteligencia criminal, con equipos especializados que trabajen de forma articulada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La creación de una Unidad Nacional contra la Extorsión permitiría responder con rapidez y eficacia.
  3. Protección a las víctimas y testigos
    Muchos afectados por la extorsión no denuncian por miedo a represalias. Se necesita un programa de protección real, con apoyo psicológico, reubicación temporal y asistencia económica a microempresarios amenazados.
  4. Lucha frontal contra la corrupción
    La infiltración de redes criminales en instituciones del Estado ha debilitado la capacidad de respuesta. Es urgente investigar y sancionar a los funcionarios y policías vinculados a bandas de extorsionadores, y promover una cultura de integridad en el servicio público.
  5. Prevención y educación en zonas vulnerables
    El Estado debe reforzar los programas sociales y educativos en barrios con alta incidencia delictiva. Promover oportunidades laborales para jóvenes, así como campañas de prevención y convivencia pacífica, es clave para reducir el caldo de cultivo de la extorsión.
  6. Reforma legal
    Especialistas en criminología han advertido que la actual legislación no permite aplicar técnicas especiales de investigación contra la extorsión como parte del crimen organizado. Se requiere una reforma urgente del Código Penal y del marco de crimen organizado para dotar de mejores herramientas al Estado.
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