Pamela Almenara respondió a la denuncia presentada por la madre de un niño de 11 años con autismo, luego de difundirse imágenes de una sesión terapéutica. La profesional sostiene que el menor tenía episodios de crisis y que sus acciones buscaron proteger su integridad física.
La denuncia contra una psicóloga acusada de agredir a un menor con autismo ha generado un amplio debate sobre los límites de la intervención terapéutica, el manejo de crisis conductuales y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. El caso tomó relevancia luego de que la madre del niño, Carol Vásquez, difundiera videos de cámaras de seguridad en los que se observan momentos de la interacción entre la profesional y el menor.
Tras la difusión de las imágenes, Pamela Almenara decidió pronunciarse y brindar su versión de los hechos. La psicóloga señaló que lo ocurrido debe analizarse considerando los episodios de crisis del menor y afirmó que, según su versión, sus acciones fueron una respuesta ante presuntas agresiones físicas del niño. También indicó que contaría con registros de otros momentos en los que, según ella, habría sido necesario contener al menor.
Almenara sostuvo que las imágenes difundidas no mostrarían completamente el contexto de la situación y explicó que, durante algunas crisis, el menor habría requerido contención física por parte de varias personas. Además, afirmó que había comunicado previamente dificultades para continuar trabajando con el niño debido a los episodios de agresividad que, según su declaración, habría enfrentado.
El caso abre nuevamente la discusión sobre los protocolos que deben aplicarse durante terapias con niños con trastorno del espectro autista. Especialistas señalan que los profesionales encargados de estos tratamientos deben contar con capacitación especializada en regulación emocional, manejo de crisis y técnicas de intervención respetuosas que prioricen la seguridad del menor y del terapeuta.
Finalmente, mientras las autoridades correspondientes evalúan los hechos, la controversia plantea la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión en centros terapéuticos y garantizar que las familias tengan información clara sobre los métodos utilizados durante las sesiones.
