Por Antero Flores-Araoz
Los procesos penales seguidos a Pedro Pablo Kuczynski Godard, también conocido como PPK, más que procesos legítimos parecerían ser persecución por el ensañamiento que se nota en los mismos y sin siquiera tener en cuenta su elevada edad y su estado de salud que deja mucho que desear, conociéndose que en la actualidad ha vuelto a ser internado en establecimiento de salud.
Nadie duda que el Estado tiene todo el derecho a investigar en el sonado “Caso Westfield”, pero hacerlo dentro de los cánones y reglas de nuestro sistema jurídico penal, sin benevolencia, pero tampoco con persecución.
El inmueble aledaño al domicilio sanisidrino de PPK está incautado desde el año 2019, al igual que su casa de campo en Cieneguilla en que han matado los animales que en él se encontraban, se han robado los servicios higiénicos, han desaparecido muebles al igual que electrodomésticos.
No contentos con ello se ha iniciado acción de extinción de dominio respecto del inmueble en que vive y domicilia PPK, adquirido incluso con anterioridad al período objeto de investigación fiscal.
En los procesos a que se hace referencia, se quiere declarar la extinción del dominio que ejerce sobre ellos PPK, sin que ellos tengan nada que ver con el proceso, sin tener en cuenta tampoco las normas de la Ley de la Persona Adulta Mayor N° 30490 y sin que tampoco exista sentencia condenatoria final.
Tampoco se ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional por sentencia del 27 de junio de 2025 declaró inconstitucional el artículo 2.5 del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1373, por lo que la extinción de dominio solo puede aplicarse a supuestos acaecidos después de 08 de agosto del 2018 y no retroactivamente.
Cuando PPK intentó por motivaciones familiares y de salud viajar a los Estados Unidos de América, fue impedido de abordar el avión en el Aeropuerto Jorge Chávez y ello en razón de que la autoridad migratoria no había levantado la medida de restricción judicial, pese a que había vencido hasta con exceso.
Aunque nada tiene que ver el autor de esta nota con los procesos incoados a PPK ni tampoco con su defensa, si enfada ver el abuso del derecho y la persecución a una persona que en diferentes oportunidades sirvió al Perú, con dedicación y empeño.
Todos queremos que exista Justicia en nuestro país, pero no se puede admitir el abuso como tampoco que se ignore las garantías que la ley señala para que los procesos sean con arreglo a nuestro sistema jurídico.
La judicatura será respetada, cuando actúe con legitimidad, con la verdad y con el cumplimiento de la normatividad legal, que es lo que los peruanos deseamos.
