María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, presentó un informe al Pleno de la institución en el que recomienda la destitución de Delia Espinoza por no acatar órdenes institucionales, intensificando una crisis institucional entre la JNJ y el Ministerio Público.
La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, presentó formalmente un informe ante el Pleno del órgano rector del sistema de justicia en el Perú proponiendo la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por supuestas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa forma parte de un procedimiento disciplinario que se sigue contra Espinoza por no cumplir con una orden de la JNJ para restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema, lo que ha generado un fuerte enfrentamiento institucional entre el Ministerio Público, la JNJ y otras entidades del Estado.
Este conflicto se produce en un contexto más amplio de controversias legales y políticas: hace semanas, un juez otorgó un plazo para que la JNJ repusiera a Espinoza como fiscal de la Nación tras una orden judicial —un ultimátum que tensionó aún más las relaciones entre poderes.—
Además, el Congreso avanzó recientemente con un informe que aprobaría la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza, en paralelo a otros procesos en su contra por presunta infracción constitucional y otros delitos, lo que suma otra vertiente de presión política y jurídica sobre la fiscal suprema.
El desarrollo de este caso marcará un hito en la crisis de institucionalidad que atraviesa el sistema de justicia peruano, con implicaciones directas para la autonomía del Ministerio Público y el rol de la Junta Nacional de Justicia como ente disciplinario.